Vladimir Cerrón: postergan audiencia por presunto terrorismo
El juez ordenó notificar al líder de Perú Libre en su domicilio ante el pedido fiscal de 25 años de cárcel.
El Poder Judicial postergó para el 25 de agosto la audiencia de control de acusación contra el prófugo Vladimir Cerrón por el delito de afiliación al terrorismo.
La sesión programada para evaluar el expediente no pudo realizarse ante la inasistencia del abogado defensor del procesado.
Frente a esta situación, el juez a cargo ordenó notificar a Cerrón en su domicilio y le otorgó un plazo de 24 horas para nombrar a un nuevo representante legal.
La Fiscalía solicita imponer 25 años de prisión efectiva contra el investigado por presuntos nexos con remanentes de Sendero Luminoso y obstrucción a la justicia.
El Poder Judicial otorgó 24 horas a Cerrón para nombrar un abogado
El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso la reprogramación inmediata de la diligencia para evitar retrasos en el calendario judicial.
El juez advirtió que si el procesado no acredita a su abogado particular en el plazo establecido, se asignará a un defensor público.
La audiencia forma parte de la etapa de control de acusación previa al inicio del juicio oral contra la cúpula de dirigentes implicados.
La fiscalía de Huánuco presentó formalmente el requerimiento penal para sustentar las pruebas recopiladas durante las investigaciones.
La acusación fiscal señala presuntos vínculos con Sendero Luminoso
El Ministerio Público sostiene que Vladimir Cerrón se incorporó en el año 2017 a las filas del Militarizado Partido Comunista del Perú para respaldar la creación de organismos de fachada.
Según la tesis fiscal, el procesado debía difundir la doctrina terrorista y fortalecer las bases de la organización en diversas regiones.
Las investigaciones señalan que los cabecillas Víctor Quispe Palomino, alias «José», y Florabel Vargas Rojas, alias «Vilma», enviaron dispositivos USB con propaganda política a través de intermediarios.
El caso judicial también comprende a los legisladores Guillermo Bermejo y Guido Bellido por recibir presuntamente material ideológico del grupo armado.
El Ministerio Público solicitó 25 años de cárcel para Vladimir Cerrón
El expediente fiscal imputa a Cerrón un segundo delito por intentar obstaculizar las diligencias de la fiscalía en el año 2021.
La acusación detalla que el investigado coordinó a través de su abogado la entrega de dinero en efectivo para silenciar al testigo clave Bobby Medina Villarroel.
La fiscalía acreditó el pago de un adelanto de S/ 1000 en la Plaza San Martín de Lima para evitar que el testigo rindiera su manifestación oficial.
Ante estos hechos, la Procuraduría solicitó el pago de S/ 100000 por afiliación terrorista y S/ 30000 adicionales por obstrucción como reparación civil a favor del Estado.