Audiencia de apelación evalúa prisión preventiva contra Vizcarra
En audiencia de apelación, Martín Vizcarra denunció que está en prisión por acusaciones sin pruebas nuevas ni sustento real
Martín Vizcarra participó este jueves en la audiencia de apelación a la prisión preventiva que pesa en su contra desde el pasado 13 de agosto. En su intervención, el expresidente cuestionó los fundamentos de la medida dictada por el Poder Judicial y aseguró que se encuentra encarcelado “por un caso sin pruebas nuevas”.
“Soy yo quien está sufriendo los efectos de esta decisión, no mi abogado. Y tengo derecho a ser escuchado”, expresó Vizcarra tras pedir ampliar el tiempo para exponer su defensa.
Vizcarra cuestiona acusación basada en colaboración eficaz
Durante la audiencia, Vizcarra relató que la investigación en su contra comenzó cuando aún era presidente, en octubre de 2020, y que se enteró por los medios de comunicación antes que por el Ministerio Público. “Una investigación que supuestamente era reservada terminó en mi vacancia”, señaló.
El exmandatario dijo que recién hace pocas semanas pudo acceder a los acuerdos de colaboración eficaz que sustentan su acusación. “Me acusan con base en declaraciones de personas que aceptaron su culpa en otros casos. A mí nunca me dieron esa información hasta ahora”, afirmó.
También denunció que uno de los colaboradores que lo señala enfrenta hasta 73 años de prisión por actos de corrupción y que no debería ser tomado como fuente confiable sin mayores elementos de prueba.
“Tengo familia, tengo trabajo. No soy un riesgo”
Vizcarra rechazó que no tenga arraigo familiar o laboral, como sostiene la Fiscalía. Explicó que vive con su esposa y dos hijos universitarios que dependen económicamente de él. “Hace un año, durante un allanamiento, se encontró a toda mi familia viviendo conmigo.
También recordó que al dejar la presidencia no tenía empleo, pero que actualmente sí desarrolla actividades que demuestran estabilidad laboral.
¿Qué busca la apelación?
La defensa de Vizcarra busca revertir la prisión preventiva y volver a un régimen de comparecencia. Aseguran que no hay riesgo de fuga ni elementos nuevos que justifiquen la medida. Además, cuestionan que la Fiscalía haya presentado documentos fuera de plazo y que se haya vulnerado su derecho a la defensa.
Ahora, la Sala Penal de Apelaciones deberá evaluar si la decisión del juzgado se ajustó a derecho o si corresponde anularla. La resolución se dará a conocer en los próximos días.