UNMSM se declara en emergencia por recorte de S/100 millones
La UNMSM advirtió que el recorte presupuestal compromete su sostenibilidad, operatividad y calidad educativa
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se declaró en emergencia institucional tras denunciar un recorte presupuestal que supera los S/100 millones respecto al año 2024. La medida, según la casa de estudios, afecta seriamente su sostenibilidad operativa, proyectos estratégicos, calidad académica e iniciativas de investigación.
Mediante un comunicado oficial, la universidad advirtió que esta reducción presupuestal impacta directamente en sus servicios esenciales. En el ejercicio 2025, la Ley N.º 32185 le asignó S/40 millones, pero solo se transfirieron S/12,840,828, quedando un saldo pendiente de más de S/27 millones. Para 2026, el recorte asciende a S/17 millones, afectando partidas clave como bienes, servicios y gastos de capital.
¿Qué áreas están comprometidas por la reducción presupuestal?
La universidad detalló que el recorte impide ejecutar proyectos como el Centro de Investigación en Tecnologías Inteligentes, valorizado en más de S/45 millones, y pone en riesgo la infraestructura, la investigación científica y la responsabilidad social universitaria.
Además, se precisó que no se ha recibido el monto asignado de más de S/72 millones en el presupuesto 2025, situación que compromete gravemente el desarrollo académico. A pesar de la crisis, la UNMSM reafirmó su liderazgo nacional con más de 650 investigadores registrados en RENACYT, alta empleabilidad de egresados y primeros puestos en rankings como SUNEDU, Scimago y QS.
San Marcos exige apoyo ante crisis estructural
La universidad exhortó al Poder Ejecutivo y al Congreso a revertir los recortes y a garantizar el funcionamiento de esta institución pública, próxima a cumplir 500 años de servicio al país. “Se pone en riesgo un bien social irrenunciable”, indica el pronunciamiento, que también denuncia “maltrato del Ejecutivo” hacia la educación superior.
San Marcos hizo un llamado a la ciudadanía para defender el derecho a una educación pública de calidad, en medio de una situación presupuestal que, según sus autoridades, limita el avance académico y científico del país.