Tomás Gálvez solicitó la salida de Piero Corvetto de la ONPE

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, manifestó que las actuales autoridades de la ONPE no cuentan con la solvencia técnica para organizar la segunda vuelta electoral. El magistrado señaló que la gestión de Piero Corvetto ha mostrado deficiencias críticas que afectaron el derecho al sufragio de miles de peruanos durante la jornada de votación del pasado domingo.

Gálvez sostuvo que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene la responsabilidad de suspender al jefe de la ONPE mediante un proceso administrativo inmediato. Según el fiscal, los incidentes registrados con el material electoral no son errores menores, sino faltas graves que requieren una intervención correctiva para proteger la legitimidad de los próximos resultados.

¿Cuál es la situación legal de Piero Corvetto ante la fiscalía?

Piero Corvetto no posee la condición de aforado, por lo que el Ministerio Público puede investigarlo sin realizar trámites previos ante el Parlamento. Tomás Gálvez explicó que la denuncia presentada por Rafael López Aliaga contra el titular de la ONPE ha sido trasladada al fiscal supremo Juan Carlos Villena, quien es el encargado de calificar los presuntos delitos.

Al no tener prerrogativa de antejuicio, el jefe de la ONPE debe responder como cualquier alto funcionario ante las instancias correspondientes del sistema judicial. El fiscal de la Nación precisó que la investigación preliminar ya está en curso y busca determinar si hubo responsabilidad penal directa en las fallas logísticas del proceso comicial.

¿Qué delitos se están investigando dentro de la ONPE?

Las autoridades fiscales han abierto investigaciones por los presuntos delitos de colusión ilegal, omisión de funciones y atentado contra el derecho de sufragio en la ONPE. El delito de colusión es analizado por la fiscalía anticorrupción, la cual indaga si hubo acuerdos ilícitos con las empresas contratadas para el traslado de las cédulas de votación.

En cuanto a la omisión de funciones, el caso se encuentra en una fiscalía corporativa común que evalúa la negligencia administrativa de los gerentes de la ONPE. Gálvez detalló que se han identificado tres carpetas distintas para asegurar que cada infracción, ya sea de carácter penal o electoral, sea castigada según el Código Procesal Penal.

¿Hubo irregularidades en los contratos de la ONPE?

Existen indicios de que la ONPE eligió a una empresa de transporte que no ofrecía las mejores garantías técnicas y que presentaba los costos más elevados del mercado. Según el fiscal Tomás Gálvez, la institución habría descartado a empresas con mayor reputación empresarial para favorecer a una firma que ya había sido sancionada anteriormente.

Este presunto direccionamiento de contratos es lo que fundamenta la sospecha de colusión ilegal entre los funcionarios de la ONPE y los proveedores privados. El Ministerio Público investiga si esta decisión fue la causa principal de que el material electoral no llegara a tiempo a los locales de votación de Lima y Callao.

¿Qué medidas debería tomar la Junta Nacional de Justicia?

La Junta Nacional de Justicia debería separar al jefe de la ONPE a través de una medida cautelar dentro de un proceso administrativo disciplinario. Tomás Gálvez afirmó que la negligencia mostrada el domingo es un hecho objetivo que amerita la destitución del funcionario por incumplimiento grave de sus deberes constitucionales.

El fiscal de la Nación advirtió que si la JNJ no actúa con prontitud, se pondría en riesgo la transparencia de la segunda vuelta electoral. La ley permite que la junta actúe de oficio ante denuncias ciudadanas y reportes oficiales que evidencien un mal desempeño en el cargo por parte del titular de la ONPE.

¿Qué reveló el informe de la Contraloría sobre la ONPE?

El órgano de control emitió un informe el 14 de abril donde señala que se identificaron situaciones adversas que afectaron la continuidad del proceso en la ONPE. El documento indica que las evaluaciones realizadas entre el 8 y el 13 de abril ya advertían sobre problemas en el despliegue del material electoral y los equipos informáticos.

Para el fiscal Gálvez, este reporte confirma que las autoridades de la ONPE estaban al tanto de los riesgos y no implementaron soluciones efectivas. La existencia de estas advertencias previas refuerza la tesis de una presunta intencionalidad o, en su defecto, de una incapacidad técnica absoluta para dirigir los comicios nacionales.

¿Se cometieron delitos electorales durante la votación?

El Ministerio Público investiga si se impidió de forma deliberada el derecho al voto de 53 000 ciudadanos en diversas zonas de la capital mediante retrasos en la ONPE. Gálvez señaló que el delito electoral se configura cuando se obstaculiza el ejercicio del sufragio, independientemente de si los electores pudieron votar al día siguiente.

El fiscal informó que durante la jornada se detuvieron a 47 personas a nivel nacional por presuntos delitos electorales, incluyendo suplantación de identidad y destrucción de material de la ONPE. La investigación fiscal continuará recopilando testimonios para determinar si los fallos en las mesas fueron parte de una estrategia para perjudicar a candidatos específicos.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, solicitó a la Junta Nacional de Justicia la separación inmediata de Piero Corvetto de la jefatura de la ONPE de cara a la segunda vuelta electoral. Gálvez argumentó que Corvetto no es aforado y enfrenta múltiples investigaciones por colusión ilegal y omisión de funciones. El magistrado enfatizó que las fallas logísticas en la distribución de material electoral representan una negligencia grave que amerita destitución. Además, precisó que la fiscalía anticorrupción investiga los contratos de transporte, mientras que la fiscalía suprema evalúa la responsabilidad directa del titular del organismo electoral ante las denuncias presentadas.