Sentenciado y prófugo de la justicia aportó para campaña de diputado Carlos Zegarra

Documentos oficiales entregados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) revelaron una directa y comprometedora conexión entre el diputado electo por la región Ica, Carlos Alberto Zegarra Sánchez, representante de Fuerza Popular, y un sujeto al margen de la ley. Se trata de Luis Domehak Torres Reyes, un empresario inmobiliario que actualmente se encuentra en condición de prófugo de la justicia tras ser condenado a seis años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de receptación agravada de dinero. De acuerdo con el reporte oficial del organismo electoral, Torres Reyes financió la campaña política del parlamentario fujimorista mediante la cesión de un vehículo en calidad de aporte en especie, valorado en 2 mil soles, realizado en febrero de este año. Para esa fecha, el aportante ya contaba con una sentencia condenatoria dictada en primera instancia por su participación en la red criminal que sustrajo dinero a una profesional secuestrada.

La fiscal adjunta de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, Rocío del Carmen Arástegui, confirmó formalmente que el condenado no ha podido ser capturado hasta el momento por las autoridades policiales y permanece en la clandestinidad. Las investigaciones del Ministerio Público lograron reconstruir la ruta del dinero y determinaron que el 16 y 18 de junio de 2022, días en los que la abogada Flor María Palomino Manturano permanecía en cautiverio, Torres Reyes sostuvo 14 llamadas telefónicas con Hipólito Jaques Taipe, autor intelectual del secuestro. Durante ese periodo, la víctima sufrió brutales agresiones mientras los captores vaciaban de forma paulatina más de 75 mil soles de su cuenta bancaria. El expediente judicial probó que el aportante de Zegarra cobró personalmente en la ventanilla de una entidad bancaria 10 mil soles procedentes de ese robo, mientras que otra parte de los fondos fue derivada a cuentas de familiares y trabajadores de su entorno. Consultado en una entrevista previa sobre este hecho, el diputado evitó asumir la responsabilidad y adujo no recordar los nombres de la lista que él mismo firmó ante la autoridad electoral.

Investigaciones por homicidio y presuntas coacciones en la gobernación de Ica

Los cuestionamientos que pesan sobre el parlamentario Carlos Zegarra Sánchez van más allá del financiamiento irregular de su candidatura e involucran oscuros antecedentes durante su gestión pública en la región Ica. Antes de asumir su curul en el Congreso de la República, el legislador ejerció como asesor del gobernador regional y desempeñó el cargo de director de la Oficina de Coordinación Regional en la misma institución. Su paso por dicha entidad pública estuvo marcado por graves denuncias de violencia y pugnas de poder que incluyeron advertencias de muerte entre altos funcionarios regionales a fines de 2023.

La situación de Zegarra es aún más compleja en el ámbito penal, pues estaría siendo investigado por la Fiscalía en relación con el homicidio del periodista Gastón Medina, acaecido en enero de 2025. El comunicador fue acribillado por un sicario que le propinó ocho disparos en la puerta de su vivienda. Meses antes del fatal desenlace, el periodista había hecho público un registro de audio en el que, supuestamente, el hoy legislador coordinaba con un presunto sicario la ejecución de su asesinato. Si bien el diputado asevera que peritajes de parte encargados por su defensa legal concluyeron que la grabación era producto de una edición, el caso continúa bajo análisis de las autoridades correspondientes.

Adicionalmente, la nómina de doce aportantes privados presentada formalmente ante la ONPE por el partido Fuerza Popular expone un patrón en el que figuran servidores y proveedores contratados por la administración regional de Ica mientras Zegarra ejercía cargos de jefatura:

-Luis Vásquez Sánchez: Registrado como aportante de campaña, se desempeñó en la gobernación regional y actualmente trabaja como técnico en el despacho congresal de Zegarra con un sueldo de aproximadamente 6 mil soles, a pesar de no figurar con grado académico acreditado en la Sunedu.

-Harvey Jessi Manchahuay Fernández: Bachiller en comunicaciones que laboró con el hoy diputado en el Gobierno Regional de Ica, financió la postulación parlamentaria y posteriormente pasó a integrar el equipo de comunicaciones de su despacho en el Congreso.

-Proveedores del sector público: La lista oficial la completan contratistas del Estado como Angelo Trece Morón, Karen Salcedo Pisconte, Luis Tipismada Guerra y Mario Yarasca Falcón, quienes prestaron servicios al gobierno regional durante la gestión del legislador fujimorista.

Especialistas en derecho penal, como la abogada Cecilia Madrid, han señalado que la incorporación de financistas de campaña a la planilla de asesores y técnicos del Congreso constituye un indicio de presunta coacción o de compromisos previos para direccionar puestos de trabajo con recursos del Estado. Pese a las evidencias y los testimonios presentados, Zegarra rechazó haber coaccionado a sus subordinados para obtener respaldo económico durante la contienda electoral.