San Isidro: La batalla legal contra 26 proyectos de Vivienda de Intéres Social

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento inició la declaración de nulidad de múltiples licencias de edificación tras confirmar que diversas empresas desarrolladoras utilizaron la figura de la Vivienda de Interés Social (VIS) para levantar edificios que exceden las alturas permitidas por las municipalidades. Entre los años 2018 y 2023, la aplicación del reglamento especial permitió erigir torres de hasta 33 pisos en zonas donde la zonificación distrital fijaba un tope de 15, así como estructuras de 20 pisos en calles destinadas a un máximo de cinco.

Las inspecciones revelaron que los inmuebles no estaban destinados a sectores vulnerables, sino que se comercializaban a precios de mercado residencial elevado, alcanzando valores de hasta 3,900 dólares por metro cuadrado y montos totales superiores a los 522 mil soles por departamento, sobrepasando los límites financieros fijados para el Nuevo Crédito MiVivienda.

¿Cómo operaban los revisores urbanos contratados por las inmobiliarias?

La aprobación de los cuestionados proyectos se canalizó a través de los revisores urbanos, profesionales habilitados para validar expedientes técnicos cuya contratación y pago eran asumidos directamente por las mismas empresas inmobiliarias que requerían la licencia. Debido a que este sistema otorgaba una aprobación automática, las municipalidades distritales no podían evaluar ni rechazar los informes técnicos presentados, quedando obligadas a expedir los permisos de construcción.

Ante la falta de independencia en las evaluaciones, la gestión actual del Ministerio de Vivienda dispuso trasladar el control de los revisores urbanos a los colegios profesionales de Arquitectos e Ingenieros. A la fecha, la autoridad sancionó a 15 revisores urbanos con medidas que van desde amonestaciones escritas hasta la inhabilitación permanente de sus funciones.

¿Cuál es la situación legal de los edificios amparados en la VIS en San Isidro?

La Municipalidad de San Isidro impulsó 26 demandas judiciales para lograr la nulidad de las licencias otorgadas bajo este esquema, de las cuales 24 fueron aprobadas mediante revisores urbanos. Entre las obras judicializadas figura la torre ubicada en Las Palmeras con Javier Prado, así como el edificio Barlovento en la cuadra tres de la avenida Santo Toribio, proyectado para 14 pisos en un sector habilitado únicamente para siete.

Si bien en 2023 el Tribunal Constitucional ratificó que las municipalidades poseen la competencia exclusiva sobre la zonificación y alturas urbanas, diversas constructoras continúan los trabajos de edificación amparadas en medidas cautelares emitidas por juzgados. Vecinos del distrito advierten que el incremento desmedido de la densidad poblacional provocará el colapso de los servicios de agua, alcantarillado, recojo de residuos y capacidad vial en la zona.