San Borja: ocho escolares retenidos por presunta agresión sexual
La Séptima Fiscalía de Familia de Lima asumió el conocimiento de las investigaciones y ordenó las primeras diligencias de ley sobre los menores de edad.
Un menor de 16 años del colegio Liceo Naval denunció haber sido víctima de un delito contra la libertad sexual en el distrito de San Borja.
Ocho estudiantes del quinto grado de secundaria del mismo plantel educativo fueron retenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú en la comisaría del sector, luego de ser señalados como los presuntos responsables de este hecho.
Según las investigaciones preliminares expuestas en el reporte de América Noticias, el incidente ocurrió el martes 15 de septiembre de 2026 en el interior de un bus que trasladaba a un grupo de escolares.
La denuncia formal por el delito contra la libertad sexual fue asentada en la comisaría de San Borja tras tomarse conocimiento del suceso.
De acuerdo con la información brindada por las autoridades policiales, los agentes procedieron con la intervención y retención de los ocho compañeros de aula un día después de lo ocurrido. Representantes de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana se apersonaron a la sede policial para activar los protocolos de protección correspondientes para los involucrados.
¿Qué medidas tomaron las autoridades tras la denuncia de agresión sexual en San Borja?
La Séptima Fiscalía de Familia de Lima asumió el conocimiento de las investigaciones y ordenó las primeras diligencias de ley sobre los menores de edad.
De acuerdo con la información policial, los ocho estudiantes retenidos fueron trasladados para someterse a los exámenes del médico legista como parte del proceso legal. Asimismo, las autoridades dispusieron que los adolescentes permanezcan bajo custodia policial por un plazo de 48 horas mientras se esclarecen las circunstancias del caso.
Por su parte, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana se pronunció sobre las acciones ejecutadas dentro de la dependencia policial. Cornelio Gonzales, director de la DRELM, declaró respecto a la intervención: "Si según la policía el número de involucrados es 8, es un procedimiento riguroso de la policía".
La autoridad educativa enfatizó la neutralidad de la intervención institucional al señalar: "Estamos aquí para proteger menores de todos lados, agredidos menores agresores".
En paralelo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó a través de sus canales oficiales sobre la atención integral brindada a la víctima de 16 años.
La institución gubernamental precisó que el menor agredido está recibiendo asistencia legal especializada y soporte psicológico tras los hechos reportados. Estas acciones buscan garantizar el acompañamiento emocional y la defensa jurídica del adolescente durante el desarrollo de la investigación fiscal.
¿Cómo respondieron el colegio Liceo Naval y los padres de familia ante lo ocurrido?
La institución educativa Liceo Naval emitió un comunicado oficial dirigido a la comunidad escolar para fijar su postura institucional frente a las acusaciones.
En el documento, el colegio indicó que, de comprobarse las responsabilidades de los estudiantes involucrados, se aplicarán las medidas disciplinarias que correspondan. La entidad precisó que cualquier sanción se ejecutará estrictamente conforme a la normativa vigente y a lo establecido en su reglamento institucional.
Frente a la gravedad de los hechos denunciados, los padres de familia del colegio anunciaron la realización de acciones públicas en los exteriores del plantel.
Los apoderados convocaron a un plantón para el jueves 17 de septiembre a las 8:00 a. m. en la puerta de la institución educativa. El objetivo de la manifestación es expresar su preocupación por la seguridad de los alumnos y solicitar acciones concretas a la directiva para garantizar un entorno escolar seguro.
Las investigaciones continúan bajo el fuero del Ministerio Público para determinar el grado de participación de cada uno de los ocho estudiantes intervenidos.
La policía recopila las declaraciones y las evidencias obtenidas durante las primeras 48 horas de custodia de los menores retenidos. El colegio y las autoridades educativas se mantienen a la espera de los dictámenes de la fiscalía para aplicar los procedimientos administrativos adicionales.