Rutas sin ley: Choferes armados para enfrentar el sicariato
Más de 70 choferes asesinados en lo que va del año llevan a transportistas a armarse en legítima defensa
La violencia desbordada contra el transporte urbano e interprovincial en Lima y el Callao ha escalado a niveles alarmantes. En lo que va del año, un total de 72 conductores han sido asesinados por bandas criminales y extorsionadores, una cifra que incrementa semana a semana. Ya no existe diferencia entre transportistas formales o informales, ni entre choferes de empresas grandes, pequeñas, combis o buses interprovinciales; todos se han convertido en blanco directo del sicariato. Estos trabajadores son asesinados en sus paraderos o en plena ruta, ante la mirada aterrorizada de cobradores y pasajeros.
Los ataques ocurren sin advertencia previa. Casos como el de Mauro Garrizo Flores, conductor de la empresa Vipusa, demuestran la crueldad de las mafias al ser asesinado de 5 balazos dentro de su unidad frente a la cobradora y a los pasajeros. De igual manera, en el Callao, las cámaras registraron la ejecución de Jesús Vargas Aguilar, quien cayó de espaldas en el óvalo de La Perla tras recibir disparos directos por parte de un sicario en moto, falleciendo posteriormente en el hospital Alberto Sabogal Sologuren. En otro ataque en la misma provincia constitucional, un conductor de 71 años fue baleado a plena luz del día a las 2:13 p. m. por sujetos en moto que usaron armas con silenciador.
Conductores y dirigentes optan por armarse ante la incapacidad de protección del Estado
El miedo e impotencia generados por esta sangrienta racha han llevado a los trabajadores del volante a adoptar medidas extremas. Fernando Espinoza, de 30 años, chofer de un bus de la empresa El Pesquero que cubre la ruta de Ate al Callao, reveló que desde hace un año lleva consigo un arma calibre .380 con capacidad para 10 municiones. Espinoza señala que actuará en defensa propia si atentan contra su vida, afirmando que la delincuencia no entiende palabras ni piensa en las familias, aunque reconoce que estar al volante sigue siendo riesgoso porque el sicario siempre dispara primero y por la espalda.
Esta postura no es aislada. El dirigente y asesor legal Julio Bretoneche confirmó que tanto conductores como empresarios y dirigentes están tramitando y obteniendo licencias de armas de fuego ante el abandono del Estado. Bretoneche advirtió que esta situación podría desencadenar un grave conflicto social y un enfrentamiento armado directo entre los transportistas y las bandas delincuenciales. Por su parte, Martín Ojeda, dirigente del gremio de transporte, criticó la falta de resultados del Ejecutivo tras 2 años de crisis, señalando que los planes como el Plan Cerco o el Plan Escudo no han cambiado la situación en absoluto mientras los criminales matan a metros de los patrulleros.
Extorsiones millonarias paralizan flotas enteras y dejan en el desamparo a cientos de familias
El accionar de las redes de extorsión no solo acaba con la vida de los conductores, sino que destruye el sustento de cientos de familias. Un caso reciente es el de Julio Becerra Centurión, chofer de la empresa Nuevo Horizonte, quien sobrevivió a 3 disparos —dos en el abdomen y uno en el hombro— en el tercer atentado que sufre la compañía en un periodo de 2 años. La banda criminal exige a la empresa un pago inicial de 30 mil soles y cuotas semanales de 5 mil soles para dejarlos trabajar. Los ataques previos incluyeron un disparo en la pierna a un chofer en la avenida Riva Agüero y el lanzamiento de una granada en la urbanización Valdivieso.
Como consecuencia de este último atentado, la flota de Nuevo Horizonte se encuentra completamente paralizada. Más de 40 buses nuevos permanecen estacionados desde hace 5 días debido al terror, dejando a aproximadamente 300 familias sin su principal fuente de ingresos. Además, dirigentes del gremio advierten que esta modalidad extorsiva está evolucionando hacia el transporte interprovincial, mientras denuncian una falta de coherencia y constantes enfrentamientos entre la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público, representados por mandos como el coronel Víctor Revoredo, quienes admiten la responsabilidad por la falta de capturas efectivas.