Roberto Sánchez pasa a juicio oral por caso ONPE
La Fiscalía solicita cinco años y cuatro meses de prisión para el investigado Roberto Sánchez por el presunto ocultamiento de aportaciones financieras.
El juez Adolfo Farfán, a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictó auto de enjuiciamiento contra el candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino. La resolución del magistrado determina formalmente el inicio de la etapa de juicio oral contra el procesado político.
El caso penal corresponde a la presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportes presentada ante la ONPE.
La Fiscalía imputa a Sánchez la presunta presentación de documentos falsos con respecto a los estados financieros y movimientos de caja de su agrupación partidaria. Las indagaciones fiscales señalan que los informes entregados en los meses de enero y julio de 2019 reportaron la inexistencia de aportaciones económicas externas.
La investigación judicial busca esclarecer si los montos recibidos por la organización política fueron omitidos deliberadamente ante las autoridades de supervisión electoral.
¿Qué sanción penal solicita la Fiscalía contra Roberto Sánchez?
La Fiscalía solicita una condena de cinco años y cuatro meses de pena privativa de la libertad contra el investigado por el delito de falsedad ideológica. El requerimiento penal fue planteado formalmente en enero de 2026 por la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María.
El documento acusatorio del Ministerio Público demanda además una inhabilitación definitiva para que el acusado no pueda ejercer el cargo de presidente de su partido político.
La acusación penal sostiene que el investigado suscribió documentación partidaria que alteraba la realidad de los ingresos percibidos para la campaña de su organización. Las sanciones requeridas por los representantes del Ministerio Público incluyen restricciones civiles y políticas aplicables al ejercicio de funciones dentro de entidades de carácter público. La decisión definitiva sobre las penas e inhabilitaciones solicitadas será determinada por el colegiado judicial durante las audiencias de juicio oral.
¿Cuál es el monto de los aportes bajo investigación fiscal?
El monto total que no fue notificado ante la jefatura de la ONPE asciende a un aproximado de 204951.36 soles. La tesis del Ministerio Público sostiene que estos recursos financieros de procedencia privada ingresaron a la estructura del partido durante el periodo anual de 2019.
Los peritajes contables realizados por los especialistas fiscales indican que la cifra económica se omitió en las rendiciones de cuentas obligatorias del partido.
De acuerdo con el desarrollo de las pesquisas, el dinero recaudado fue presuntamente desviado de las cuentas oficiales de la agrupación hacia un fondo financiero alternativo. Las indagaciones fiscales señalan que esta nueva cuenta bancaria fue aperturada por William Sánchez Palomino, hermano del actual candidato presidencial bajo proceso. El equipo de investigación recolectó las órdenes de depósito y las transacciones bancarias correspondientes a dichos movimientos de capitales.
¿Cómo justificó el juez el inicio del juicio oral?
El juez Adolfo Farfán declaró la existencia de una relación jurídica procesal válida tras evaluar los argumentos de la acusación y la defensa técnica. El magistrado del Poder Judicial fundamentó su decisión normativa en lo establecido por el artículo 353 del Código Procesal Penal vigente en el país.
La resolución emitida en la audiencia pública declara que existen elementos de convicción suficientes para avanzar hacia el debate de fondo.
El juzgado consideró que el control de acusación cumplió con los presupuestos formales y de tipicidad jurídica requeridos para la apertura de la siguiente fase procesal. Los documentos validados por el juzgado de investigación preparatoria serán remitidos al juzgado penal unipersonal o colegiado competente para el inicio de las sesiones. Las partes procesales fueron notificadas del auto de enjuiciamiento en el mismo acto de lectura de la resolución de la Corte Superior.