Roberto Sánchez es cuestionado por consultoría comercial en Editora Perú
La empresa estatal Editora Perú mantiene un cuestionado silencio administrativo y evita entregar los términos de referencia que validaron el cuestionado pago al hoy aspirante presidencial.
Una investigación periodística ha puesto al descubierto un polémico contrato suscrito en febrero de 2019 entre la compañía estatal Editora Perú y el actual candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino.
El servicio, enfocado en el desarrollo publicitario, es calificado por analistas en gestión pública como inviable y potencialmente delictivo debido a la falta de idoneidad profesional del contratado.
¿Cuál era el objeto del contrato de Roberto Sánchez en Editora Perú?
A pesar de contar con una formación universitaria en Psicología y no registrar en su hoja de vida estudios de posgrado o experiencia previa en el ámbito de la comercialización de medios, Roberto Sánchez fue seleccionado como consultor externo.
Su tarea principal consistía en diseñar estrategias comerciales para atraer nuevos anunciantes privados y captar pautas publicitarias destinadas a financiar el Diario Oficial El Peruano. Por la ejecución de este servicio de asesoría, el Estado peruano le abonó la suma total de S/ 32 000.
¿Qué deficiencias técnicas presentaron los informes entregados por el candidato?
De acuerdo con la revisión de los archivos documentales efectuada por la Unidad de Investigación de El Comercio, los informes presentados por el postulante presidencial resultaron sumamente deficientes y carentes de rigor técnico.
El material se limitaba a un consolidado de capturas de pantalla y gráficos estadísticos descargados de los servidores públicos de instituciones como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Sánchez Palomino omitió adjuntar carteras de clientes del mercado corporativo o planes de monetización aplicables. Por el contrario, su propuesta final estipulaba que la empresa del Estado debía crear una nueva oficina administrativa interna, cuya manutención demandaría un presupuesto extra de S/ 140 000 anuales.
Dicha iniciativa fue calificada por los expertos como una total contradicción, dado que el contrato exigía generar utilidades y no provocar el egreso de los fondos públicos.
¿Por qué se afirma que esta consultoría podría revestir carácter ilegal?
El especialista en derecho de contrataciones públicas, Roberto Benavides, argumentó que pagar con dinero de todos los peruanos por un producto que no aporta valor técnico real constituye una irregularidad administrativa severa que roza el ámbito penal. Benavides cuestionó los criterios usados por los funcionarios de Editora Perú para firmar las conformidades del servicio.
Hasta la fecha, la actual gerencia de publicaciones de Editora Perú, encabezada administrativamente por Ricardo Montero, ha evitado entregar los Términos de Referencia (TDR) del proceso aduciendo el tiempo transcurrido, mientras que el analista Miguel Risco, responsable de visar el desembolso final a favor de Sánchez, ha guardado absoluto silencio.
La Unidad de Investigación de El Comercio reveló que el psicólogo y hoy candidato presidencial Roberto Sánchez percibió S/ 32 mil por una consultoría comercial en Editora Perú durante el año 2019. El especialista en contrataciones Roberto Benavides sostuvo que la operación califica como presuntamente ilegal, ya que el Estado contrató una asesoría innecesaria y con un perfil profesional no apto. Los entregables presentados consistían en capturas de datos públicos de internet y sugerían abrir una oficina con un costo de S/ 140 mil. En tanto, la entidad estatal ha optado por el silencio y evita exhibir los términos de referencia del contrato.