Roberto Pereira rechaza norma que reserva denuncias penales
Roberto Pereira criticó la resolución que clasifica como reservada toda información sobre denuncias penales y advirtió que limita la transparencia
El abogado penalista Roberto Pereira criticó la norma que declara reservada toda la información sobre denuncias penales. Aseguró que la medida es inconstitucional porque impide el acceso ciudadano a datos de interés público y debilita la transparencia.
Según explicó, una entidad solo puede restringir información si demuestra que su publicación generaría un daño inminente y grave. En este caso, dijo, la Policía Nacional ha aplicado una reserva general sin justificar cada situación de manera adecuada.
Pereira recordó que el acceso a las denuncias es importante, por ejemplo, en elecciones, donde la ciudadanía tiene derecho a conocer si un candidato enfrenta procesos penales. También advirtió que la norma afecta el uso de información en contratos o transacciones privadas.
¿Qué propone Roberto Pereira frente a esta medida?
El abogado planteó que en lugar de una reserva total se establezcan niveles de acceso a la información. Esto permitiría conocer datos generales de las denuncias sin exponer información sensible que pueda afectar investigaciones o a las víctimas.
Criticó que la resolución disponga una reserva automática por cinco años, lo cual considera excesivo y contrario a los principios democráticos de transparencia y control ciudadano.
¿Qué riesgos genera para la ciudadanía?
De acuerdo con Pereira, la norma impide conocer denuncias de interés público y limita el debate electoral. También genera desconfianza porque refuerza lo que calificó como una “cultura del secretismo” en las instituciones estatales.
Recordó que en el pasado hubo casos en que información policial no solo fue filtrada de manera selectiva, sino incluso comercializada. Por eso, afirmó que el argumento de proteger datos pierde legitimidad si se aplica sin control.
¿Qué vías legales pueden usarse contra la norma?
El penalista señaló que la norma puede ser impugnada mediante una acción popular, ya que se trata de una disposición infralegal. De esta manera, el Poder Judicial tendría la última palabra sobre su validez constitucional.
También explicó que los mecanismos legales disponibles permiten cuestionar disposiciones de este tipo cuando afectan derechos fundamentales. En este caso, el acceso a la información pública es un pilar de la democracia y su limitación puede ser revisada judicialmente.
Pereira afirmó que la acción popular no solo serviría para anular la norma, sino también para sentar un precedente frente a futuras medidas restrictivas del acceso ciudadano a información pública.
¿Existen casos en los que sí se justifica la reserva?
El abogado aclaró que sí hay situaciones en las que la reserva está plenamente justificada, como en la protección de menores de edad, víctimas de violencia sexual o investigaciones en curso.
No obstante, subrayó que una simple denuncia no representa un riesgo para las investigaciones y no puede usarse como argumento para una reserva generalizada.
Pereira insistió en que la norma actual amplía la confidencialidad sin distinción, afectando derechos fundamentales que deben garantizarse en una democracia.