Rafael López Aliaga rechaza pagar a Rutas de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, rechazó pagar al consorcio Rutas de Lima los casi US$ 200 millones establecidos por laudos arbitrales. Declaró que el contrato de concesión fue resultado de corrupción y culpó al sistema judicial por no sancionar rápidamente a exfuncionarios implicados.

En una declaración a la prensa, López Aliaga afirmó: “No voy a pagar nada. A gente corrupta no le pago nada”, en referencia directa al contrato firmado en 2013, cuestionado por su presunto vínculo con Odebrecht. Mencionó también a Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, quien aceptó haber recibido pagos ilícitos.

¿Qué resolvió la corte de EE.UU. sobre el caso Rutas de Lima?

El 24 de junio, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó dos laudos arbitrales que ordenan a la Municipalidad de Lima pagar al consorcio. La comuna había apelado alegando corrupción en el origen del contrato, pero la corte concluyó que no había pruebas directas que invaliden la concesión.

Este fallo ratifica una decisión anterior de marzo de este año. Ambos procesos fueron impulsados bajo las reglas de la Uncitral, organismo que regula arbitrajes internacionales, con sede en Washington D.C.

¿Cómo empezó el conflicto entre la Municipalidad y Rutas de Lima?

El conflicto comenzó en 2017 cuando la Municipalidad de Lima decidió impedir la instalación de un nuevo peaje en una de las vías concesionadas. Esto motivó que el consorcio iniciara los arbitrajes, argumentando que se había vulnerado el contrato suscrito en 2013.

La negativa a implementar el peaje fue considerada por Rutas de Lima como una ruptura de sus derechos contractuales. La comuna ha sostenido que no puede reconocer un acuerdo viciado por presunta corrupción.

¿Qué otras demandas hay en curso por este caso?

Además de los dos laudos confirmados, el consorcio —actualmente controlado por Brookfield Infrastructure— ha iniciado un tercer arbitraje contra la Municipalidad. Paralelamente, Brookfield demandó al Estado peruano ante el Ciadi por supuesta expropiación de su inversión, con un monto reclamado de US$ 2.700 millones.

Estas demandas internacionales reflejan el impacto legal del caso y podrían generar nuevas obligaciones económicas tanto para la comuna como para el Estado peruano.