¿Qué resolvió Poder Judicial sobre apelación de Pedro Castillo?
El Poder Judicial revisará la apelación de Pedro Castillo para anular su juicio por el golpe de Estado de 2022. La Fiscalía ha solicitado 34 años de cárcel.
El Poder Judicial aceptó la apelación presentada por el expresidente Pedro Castillo para revisar la nulidad de su juicio oral por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La defensa busca frenar el proceso alegando vulneraciones al debido proceso.
La decisión judicial remite el recurso a la Primera Sala Constitucional de Lima, que deberá programar una audiencia virtual con las partes involucradas antes de emitir un fallo.
¿Qué implica la apelación de Pedro Castillo?
La apelación busca revocar la decisión tomada por la jueza Ana Osorio, quien el 25 de agosto declaró improcedente el hábeas corpus presentado por Castillo. Ese recurso pretendía anular la instalación del juicio oral, iniciada el 4 de marzo de 2025.
Además, la defensa solicitó que se anulen todas las actuaciones del proceso y que un nuevo colegiado supremo asuma el caso, alegando falta de imparcialidad en el tribunal actual.
¿Qué alega la defensa del expresidente?
El equipo legal sostiene que Castillo no será juzgado por un tribunal imparcial, lo que afectaría su derecho fundamental al debido proceso. También afirma que se vulneró su derecho a una defensa eficaz al rechazarse una recusación contra la jueza suprema Inés Tello de Carbajal.
Asimismo, cuestionan que se le asignara un defensor público sin su consentimiento, lo que consideran un impedimento para elaborar una estrategia adecuada junto a un abogado de confianza.
¿Qué respondió el Poder Judicial a estos argumentos?
La jueza Osorio señaló en su resolución que Castillo sí contó con las garantías necesarias. Precisó que al no tener abogado particular, se le asignó un defensor público y se le otorgó tiempo para coordinar su defensa.
Según la magistrada, la negativa de Castillo a aceptar esta defensa constituye una estrategia para dilatar el proceso. Por ello, calificó el hábeas corpus como inestimable y determinó que el juicio debía continuar.
¿Qué pide la Fiscalía en este proceso?
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos ha solicitado 34 años de prisión contra Pedro Castillo. También pide su inhabilitación por 3 años y 6 meses para ejercer cargos públicos.
La acusación lo responsabiliza de los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, todos en agravio del Estado y la sociedad.
¿Qué hechos motivaron este juicio oral?
El caso se centra en los sucesos del 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, la reorganización del sistema judicial y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Estas medidas fueron consideradas un intento de golpe de Estado y motivaron su destitución inmediata por el Parlamento.
Desde entonces, Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo mientras avanza el proceso en su contra.
¿Qué otros procesos enfrenta Pedro Castillo?
El expresidente afronta además investigaciones adicionales. En septiembre de 2025, el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó a la Fiscalía concluir la investigación preliminar sobre la designación de Omar Chambergo como presidente de Osinergmin.
La defensa alegó exceso en los plazos y vulneración del debido proceso. El juez le dio la razón y obligó al Ministerio Público a decidir entre formular acusación constitucional o archivar el caso.
¿Qué significa esta apelación para el juicio actual?
La aceptación de la apelación no anula de inmediato el juicio oral, pero sí abre la posibilidad de que la Primera Sala Constitucional de Lima reevalúe los argumentos de Castillo. Si la sala admite sus reclamos, podría suspender el proceso o incluso retrotraerlo.
De lo contrario, el juicio seguirá adelante con la acusación fiscal que busca una condena de 34 años de prisión y la inhabilitación política del exmandatario.
El Poder Judicial aceptó la apelación presentada por Pedro Castillo para revisar la nulidad de su juicio oral por el golpe de Estado de 2022. La defensa sostiene que se vulneraron derechos al debido proceso y a un tribunal imparcial, mientras que la jueza Ana Osorio había declarado improcedente el hábeas corpus. La apelación fue remitida a la Primera Sala Constitucional de Lima, que convocará a una audiencia. La Fiscalía solicita 34 años de prisión e inhabilitación por 3 años y medio.