¿Qué partidos políticos deben rendir cuentas ante ONPE?
La ONPE señaló que diez partidos políticos tienen hasta el 15 de enero para presentar la rendición de cuentas del financiamiento público directo del segundo semestre de 2025.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fijó como fecha límite el 15 de enero de 2026 para que diez partidos políticos presenten su rendición de cuentas por el uso del financiamiento público directo correspondiente al segundo semestre del año 2025. El monto total otorgado por el Estado para ese periodo fue de S/ 7.798.001,64, según lo dispuesto en la Ley de Organizaciones Políticas.
¿Qué partidos están obligados a rendir cuentas?
Los partidos que recibieron el financiamiento son: Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País – Partido de Integración Social, Juntos por el Perú, Partido Democrático Somos Perú, Podemos Perú y el Partido Morado. Todos ellos cuentan con representación en el Congreso actual y recibieron depósitos mensuales en sus cuentas bancarias tras cumplir los requisitos reglamentarios.
¿Cómo se determina el monto que recibe cada partido?
El artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas establece que el financiamiento público se calcula multiplicando el total de votos válidos obtenidos para el Congreso por el 0,1 % de la Unidad Impositiva Tributaria. Este criterio determina la asignación proporcional para cada organización política con representación parlamentaria.
¿Cómo se supervisa el uso del financiamiento estatal?
La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) de la ONPE es la encargada de verificar el cumplimiento de las normas. Una vez recibida la rendición de cuentas, se realiza un control técnico y financiero que determina si el partido cumplió con lo dispuesto por la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento de Financiamiento.
¿Qué consecuencias hay por no cumplir con las reglas?
Si un partido político hace uso indebido del financiamiento público directo, puede enfrentar un procedimiento administrativo sancionador. Las sanciones incluyen multas que van de treinta y un (31) hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias y la pérdida del derecho a recibir nuevos fondos públicos.
¿En qué pueden gastar los partidos este dinero?
La ley exige que al menos el 50 % del financiamiento recibido se destine a actividades de formación, capacitación, investigación y difusión. Estas actividades deben cumplir criterios de igualdad y no discriminación, e incluyen encuestas, desarrollo de plataformas digitales y publicaciones institucionales.
¿Y qué pasa con el otro 50 % del financiamiento?
Ese porcentaje puede usarse para gastos de funcionamiento ordinario, adquisición de inmuebles o equipos, contratación de servicios y personal, y asesoría legal a favor de directivos y representantes. El uso de estos fondos está condicionado a que no sean empleados para fines de lucro o distintos a los establecidos por ley.
¿Se emiten informes sobre el cumplimiento de estas obligaciones?
La ONPE emite un informe al finalizar cada ejercicio anual donde se analiza el cumplimiento de las obligaciones por parte de los partidos. Este informe se basa en las rendiciones de cuenta entregadas y determina si hubo irregularidades en la ejecución del presupuesto asignado.
¿Qué busca la norma con este tipo de financiamiento?
El objetivo del financiamiento público directo es promover el fortalecimiento institucional de los partidos políticos, su participación en los procesos democráticos y la transparencia en el uso de recursos públicos. Esta herramienta busca evitar fuentes de financiamiento indebido y mejorar la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
La ONPE estableció el 15 de enero de 2026 como fecha límite para que diez partidos políticos con representación parlamentaria rindan cuentas por el uso de S/ 7.798.001,64 en financiamiento público directo correspondiente al segundo semestre de 2025. Este dinero debe ser usado en formación, funcionamiento y difusión, bajo supervisión de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. Las organizaciones que incumplan podrían enfrentar sanciones como multas y pérdida del financiamiento. El uso de estos recursos está regulado por la Ley de Organizaciones Políticas y se evalúa anualmente mediante informes técnicos emitidos por la ONPE.