¿Por qué ordenaron dar pensión vitalicia a Pedro Castillo?
El Poder Judicial declaró fundada una demanda de amparo y ordenó al Congreso que otorgue a Pedro Castillo la pensión vitalicia suspendida desde 2022.
El Poder Judicial resolvió que el Congreso de la República debe otorgar la pensión vitalicia a Pedro Castillo, tras declarar fundada una demanda de amparo presentada por el exmandatario. Según la sentencia del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, el Legislativo vulneró el derecho a la igualdad al negar dicho beneficio bajo criterios distintos a los aplicados en un caso anterior.
La resolución judicial, emitida en el expediente 04905-2024-0-1801-JR-DC-03, ordena dejar sin efecto las decisiones administrativas que rechazaron la solicitud de Castillo y dispone que se emita un nuevo pronunciamiento que le conceda la pensión con efecto retroactivo desde diciembre de 2022.
¿Qué solicitó Pedro Castillo en su demanda contra el Congreso?
El expresidente presentó una acción de amparo para anular las resoluciones que le negaron la pensión. Solicitó que se le reconozca el derecho a recibir el pago mensual desde el 8 de diciembre de 2022 y se ordene al Congreso emitir un nuevo pronunciamiento favorable. También pidió el pago de los costos procesales del caso.
¿Cuál fue el argumento del Congreso para negar la pensión?
El Parlamento sustentó su decisión en la Ley 26519, que suspende el derecho a pensión vitalicia cuando existe una acusación constitucional pendiente, salvo que una sentencia judicial declare la inocencia del solicitante.
En febrero de 2023, el Congreso aprobó acusar a Castillo por presuntos delitos de organización criminal, corrupción y tráfico de influencias.
¿Qué razonamiento usó el juzgado para resolver a favor de Castillo?
El juzgado aplicó el principio de igualdad ante la ley, al considerar que en el caso de Alberto Fujimori se otorgó la pensión a pesar de que existía una acusación constitucional sin sentencia absolutoria.
El tribunal concluyó que ambos casos eran sustancialmente similares, pero el Congreso actuó con criterios contradictorios, vulnerando así el derecho a la igualdad.
¿Qué pruebas presentó Castillo para sustentar su reclamo?
Entre los documentos presentados figura una copia simple de una boleta de pago de pensión emitida a nombre de Alberto Fujimori con fecha 31 de julio de 2024. El juzgado consideró relevante esta evidencia para comparar el trato recibido por ambos expresidentes en circunstancias legales equivalentes.
¿Qué establece la Ley 26519 sobre la pensión a expresidentes?
La ley indica que los expresidentes constitucionales tienen derecho a una pensión mensual equivalente al ingreso de un congresista en actividad. Sin embargo, este beneficio queda en suspenso si el beneficiario es acusado constitucionalmente, salvo que una sentencia judicial lo declare inocente.
¿Qué decisión final tomó el Poder Judicial en este caso?
El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio declaró fundada la demanda de Pedro Castillo, anuló las resoluciones que negaban la pensión y ordenó al Congreso emitir una nueva decisión otorgándole dicho beneficio. Además, dispuso el pago de los costos procesales al demandante.
¿Qué antecedentes llevaron a esta controversia judicial?
En mayo de 2024 se conoció que el Congreso había rechazado la apelación presentada por Castillo, confirmando así la negativa del beneficio. Su abogado anunció entonces que presentaría una acción de amparo. El Poder Judicial ahora le dio la razón, considerando que la negativa del Congreso contravenía principios constitucionales.
El Poder Judicial resolvió que el Congreso debe otorgar la pensión vitalicia a Pedro Castillo. La decisión se dio tras una demanda de amparo que alegó vulneración al derecho de igualdad, al compararse con el caso de Alberto Fujimori, quien sí recibe la pensión pese a tener acusaciones constitucionales. El fallo anula las resoluciones que negaban el beneficio y ordena un nuevo pronunciamiento parlamentario favorable, con efecto retroactivo desde diciembre de 2022. La ley vigente suspende este derecho en caso de acusación, salvo sentencia absolutoria, pero el tribunal concluyó que hubo un trato desigual entre casos similares.