¿Qué dice el Poder Judicial sobre demanda de Delia Espinoza?
La magistrada también pide su reposición como fiscal de la Nación, además de beneficios laborales no percibidos desde diciembre de 2025.
El Poder Judicial ha admitido a trámite una demanda de amparo presentada por Delia Espinoza en contra del Congreso de la República. La magistrada busca dejar sin efecto su inhabilitación por diez años y la causa penal abierta en su contra.
La acción judicial también solicita su reposición inmediata como fiscal de la Nación y fiscal suprema titular, así como el pago de beneficios laborales interrumpidos.
La resolución fue emitida el 6 de enero de 2026 por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. El documento fija una audiencia virtual para el 9 de marzo de 2026, a las 08:30 horas.
Además, otorga un plazo de diez días al Procurador del Congreso para contestar la demanda. El tribunal estableció el uso de casillas electrónicas y medidas administrativas complementarias para garantizar el desarrollo del proceso.
¿Por qué Delia Espinoza presentó una demanda contra el Congreso?
La demanda se origina tras la inhabilitación aprobada por el Pleno del Congreso el 3 de diciembre de 2025. Según la magistrada, el procedimiento parlamentario que concluyó en esa sanción vulneró su derecho al debido proceso.
En el recurso legal se solicita la nulidad de la Denuncia Constitucional N.° 528, así como de las resoluciones legislativas que la sancionan y la vinculan con una acusación penal.
La acción fue presentada bajo los parámetros del Nuevo Código Procesal Constitucional. Espinoza argumenta que el proceso parlamentario estuvo viciado desde sus etapas iniciales y que las decisiones del Congreso no respetaron los principios básicos del derecho constitucional.
¿Qué resoluciones legislativas son cuestionadas por la demanda?
Delia Espinoza impugna la Resolución Legislativa Nº 008-2025-2026-CR, que la inhabilita por diez años, y la Resolución Legislativa Nº 007-2025-2026-CR, que autoriza la formación de causa penal.
Ambas resoluciones fueron publicadas el 5 de diciembre de 2025, días después de ser aprobadas en el Pleno. Los cargos se vinculan con supuestas infracciones a la Ley N° 32130 y a diversos artículos de la Constitución Política del Perú.
El Congreso respaldó las resoluciones tras una investigación parlamentaria que incluyó audiencias, informes y descargos. En la sesión final, 71 congresistas votaron a favor de la inhabilitación, 19 en contra y 3 se abstuvieron.
¿Cuáles son las pretensiones planteadas por Delia Espinoza?
En su demanda, la magistrada solicita la nulidad integral de las decisiones del Congreso. Además de pedir la anulación de la sanción y del proceso penal, exige su restitución en los cargos de fiscal suprema y fiscal de la Nación.
También solicita el reconocimiento de todos los beneficios económicos no percibidos durante su periodo de inhabilitación.
Otro pedido adicional es que el tribunal exhorte al Congreso a garantizar, en adelante, el respeto al debido proceso en los procedimientos de juicio político que realice contra funcionarios públicos.
¿Cómo justifica el Poder Judicial la admisión del recurso?
La Tercera Sala Constitucional consideró que la demanda cumple con los requisitos legales de forma y fondo. Por ese motivo, resolvió su admisión, ordenó la notificación correspondiente y programó la audiencia de marzo.
La audiencia será virtual y se desarrollará por la plataforma Google Meet, bajo coordinación de un relator designado por la sala.
Según la resolución, la modalidad remota se aplica por razones de aforo, ya que en cada fecha se atienden hasta 30 causas distintas. Esto impediría el cumplimiento adecuado de las medidas de seguridad sanitaria, como el distanciamiento social.
¿Qué antecedentes dieron origen a la sanción legislativa?
El proceso parlamentario contra Delia Espinoza comenzó en octubre de 2024. Fue impulsado por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, quienes presentaron una denuncia constitucional por presuntas infracciones y delitos.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tramitó la denuncia, convocó a audiencias y elaboró un informe final.
La acusación se centró en una resolución fiscal emitida en 2024 que, según el Congreso, contravenía la Ley N° 32130. Esta norma fortalece la intervención operativa de la Policía Nacional del Perú en investigaciones preliminares.
¿Qué argumentos presentó el Congreso en su defensa?
Durante el debate, el Congreso sostuvo que el procedimiento respetó las garantías constitucionales. La denuncia fue admitida, investigada y evaluada por la Comisión Permanente y el Pleno.
Se afirmó que la denunciada tuvo derecho a defensa técnica y que se respetaron todas las etapas del proceso.
Además, el Congreso citó un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que ratificó la validez de la Ley N° 32130, norma vinculada al caso. La sanción se aprobó luego de ese fallo y de los informes elaborados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
¿Qué pasó después de la votación en el Congreso?
Luego de la votación del 3 de diciembre de 2025, la congresista Susel Paredes solicitó una reconsideración para anular la aprobación de la resolución que inhabilitaba a Delia Espinoza.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada, y la sanción quedó firme. Con esta decisión, la magistrada quedó excluida de sus funciones públicas hasta 2035.
Ahora, el proceso judicial iniciado en enero de 2026 podría modificar ese escenario, si el Poder Judicial declara fundado el recurso de amparo.
La Tercera Sala Constitucional admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Delia Espinoza contra el Congreso de la República. La acción judicial solicita anular su inhabilitación por diez años, revertir la causa penal en su contra y ordenar su reposición como fiscal de la Nación y fiscal suprema titular. También se pide el pago de beneficios laborales no percibidos. El Congreso impuso la sanción tras un proceso iniciado en 2024. La audiencia única ha sido programada para el 9 de marzo de 2026 y se realizará de manera virtual.