¿Por qué aumentaron los deudores alimentarios morosos en 2025?

El Poder Judicial informó que la cantidad de deudores alimentarios morosos en el Perú superó los 8,000 casos durante el 2025. Esta cifra corresponde a personas que no cumplieron con el pago de pensiones fijadas judicialmente en favor de sus hijos o personas en situación de vulnerabilidad.

El dato fue revelado tras el cierre del año, marcando un nuevo aumento en comparación con el 2024, cuando se reportaron 7,495 personas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam). La tendencia muestra un crecimiento sostenido desde 2021.

¿Qué regiones concentran más personas inscritas?

Arequipa es la región con mayor número de personas registradas en el Redam, con 1,530 casos. Le siguen Lambayeque con 941, Tumbes con 831, Huánuco con 789, Amazonas con 657 y Huaura con 649.

En contraste, Ica, Del Santa, Ucayali, Cajamarca, San Martín y Sullana registraron menos de 15 personas morosas cada una. El registro permite observar las diferencias regionales en cumplimiento de obligaciones alimentarias.

¿Qué criterios determinan la inscripción en el Redam?

El Redam incluye a quienes incumplen tres cuotas alimentarias sucesivas o alternadas establecidas por resolución judicial. El registro busca proteger a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.

Su aplicación tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de pensiones alimentarias ordenadas por jueces y fomentar la responsabilidad legal entre las partes involucradas.

¿Qué consecuencias genera estar en el Redam?

Las personas inscritas en el Redam enfrentan restricciones legales. No pueden postularse como candidatos en procesos electorales, contratar con el Estado ni acceder a créditos o empleos en entidades privadas.

También están expuestas a medidas como el embargo de bienes, retención de ingresos y descuentos automáticos por planilla para cubrir el monto de la pensión alimentaria fijada por el Poder Judicial.

¿Cómo afecta esto al historial crediticio?

La información del Redam se comparte mensualmente con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, así como con otras centrales privadas de riesgo. Esto limita el acceso a productos financieros hasta que se regularice la deuda.

Para solicitar un empleo formal o un crédito, la persona deudora debe pagar lo adeudado o permitir el descuento mensual directo. La restricción se mantiene mientras persista la condición de moroso.

¿Cuántas personas logran salir del registro?

De las más de 8,000 personas registradas en el 2025, solo entre 60 y 70 fueron excluidas del Redam tras cumplir con el pago completo de sus obligaciones alimentarias. La gran mayoría permanece activa en el registro.

Esto refleja una baja tasa de regularización posterior, según el análisis difundido por el Poder Judicial. La institución reiteró su llamado a cumplir con las obligaciones establecidas.

¿Qué medidas tomó el Poder Judicial este año?

Durante julio, el Poder Judicial realizó la Campaña de Endosos Judiciales. En esta jornada, se entregaron certificados de depósitos alimentarios no cobrados a más de 50,000 personas beneficiarias, por un monto superior a 66 millones 900 mil soles.

Jueces y juezas visitaron zonas rurales y alejadas para realizar las entregas directamente. Esta acción buscó atender a personas en situación de vulnerabilidad que no habían podido cobrar lo depositado judicialmente.

¿Por qué se mantiene la tendencia al alza?

Desde el 2021, el número de deudores alimentarios morosos ha crecido cada año. Las cifras fueron de 421 personas en 2021, 994 en 2022, 3,115 en 2023, 7,495 en 2024 y más de 8,000 en 2025.

El Poder Judicial continúa implementando mecanismos para incentivar el cumplimiento de sentencias alimentarias y fortalecer el seguimiento de estos casos en todo el país.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) del Poder Judicial superó los 8,000 casos en 2025. Esta cifra corresponde a personas que incumplieron pagos de pensión alimentaria ordenados judicialmente. Las regiones con mayor número de inscritos son Arequipa, Lambayeque y Tumbes. El registro impide acceder a cargos públicos, créditos, empleos formales y permite medidas como embargos o retenciones. Solo una pequeña parte de los registrados ha cumplido con el pago y fue retirada del sistema. Además, se realizó una campaña nacional de entrega de depósitos pendientes a personas beneficiarias en situación de vulnerabilidad.