¿Por qué la ANC rechazó las pruebas clave de Vela y Pérez?

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público declaró improcedentes varias pruebas ofrecidas por los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en sus procesos disciplinarios. Esta decisión se formalizó mediante las resoluciones N.° 315-2025 y N.° 345-2025, que reactivan los procedimientos abiertos por presuntas faltas graves durante su actuación en el Equipo Especial Lava Jato.

Ambas resoluciones detallan que las actuaciones probatorias presentadas por los fiscales —entre ellas declaraciones de exfiscales de la Nación, informes internacionales y transcripciones de medios de comunicación— fueron consideradas “no pertinentes”, “inútiles” o “no conducentes” para el objeto del procedimiento disciplinario.

Según la ANC, muchas de estas pruebas no tenían vínculo directo con los hechos imputados o carecían de valor formal. En el caso de Rafael Vela, se rechazaron declaraciones de Zoraida Ávalos, Patricia Benavides y Pablo Sánchez, además de informes de la CIDH o amicus curiae relacionados a la libertad de expresión.

¿Qué implican estos rechazos para la defensa de los fiscales?

La decisión de declarar “no ha lugar” a las actuaciones probatorias afecta directamente la capacidad de los fiscales de sostener su defensa ante las imputaciones internas. De acuerdo con las resoluciones, el estándar de pertinencia no se cumple si los medios probatorios no aportan a esclarecer hechos concretos o si la información ofrecida ya ha sido acreditada por otras vías.

También se rechazaron transcripciones de entrevistas televisivas y declaraciones en medios, al considerar que no tenían relevancia procesal o ya se encontraban debidamente documentadas por otras fuentes. La ANC remarcó que su análisis se basó en criterios objetivos, pero fuentes cercanas al Ministerio Público advierten que esta evaluación podría limitar seriamente la estrategia de defensa de los fiscales.

Las resoluciones también sugieren que el uso de documentación internacional o de derechos humanos no se ajusta al marco de un proceso disciplinario interno, cuyo objeto está delimitado por normas específicas.

¿Por qué la ANC se pronunció recién ahora?

A pesar de que Vela y Pérez solicitaron las diligencias a fines de febrero y marzo de este año, la ANC solo respondió tras una ampliación de 60 días hábiles autorizada en mayo. Esta demora también ha sido objeto de críticas, dado que, según los fiscales involucrados, los pedidos estaban debidamente fundamentados desde hace meses.

La ANC no solo rechazó gran parte de las pruebas, sino que tampoco ofreció nuevas diligencias que permitan profundizar en los descargos. Esto ha generado dudas sobre la imparcialidad del órgano de control interno del Ministerio Público, especialmente cuando uno de sus miembros más altos —el jefe de la ANC, Juan Antonio Fernández Jeri— es investigado por presunta vinculación con una red de corrupción.

Pérez pidió la suspensión de Fernández Jeri por supuesta red criminal

En junio pasado, el fiscal José Domingo Pérez solicitó formalmente la suspensión de Fernández Jeri, jefe de la Autoridad Nacional de Control. En su denuncia, lo señaló como parte de una supuesta red criminal encabezada por la exfiscal Patricia Benavides, dedicada a manipular procesos disciplinarios, remover fiscales incómodos y proteger a aliados políticos.

La solicitud se basa en el artículo 298.1.b del Código Procesal Penal, que permite medidas cautelares para evitar que un proceso sea entorpecido. El documento, enviado a la Fiscalía de la Nación y al área de denuncias constitucionales, sostiene que la permanencia de Fernández Jeri en el cargo representa un riesgo grave para la integridad de la investigación penal.

Pérez y Vela figuran en esa denuncia como agraviados directos, y ambos cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), extendidas también a sus familiares por riesgo a represalias.

El documento también advierte que varios funcionarios del entorno de Benavides siguen activos dentro del Ministerio Público, lo que implicaría una continuidad de las prácticas denunciadas.

Proceso disciplinario en contexto de presiones y hostigamientos

El proceso disciplinario contra los fiscales se remonta a su inasistencia al acto de extradición del expresidente Alejandro Toledo en febrero de 2023, pese a que el Equipo Especial Lava Jato tenía a su cargo los procesos vinculados. En ese momento, fue Patricia Benavides quien apareció públicamente, a pesar de no tener competencia directa en el caso Ecoteva.

Tras ello, ambos fiscales explicaron su posición ante la prensa y defendieron la legalidad de sus acciones. Sin embargo, estas declaraciones también fueron incluidas como parte de los elementos evaluados en el proceso disciplinario por presunta infracción a la normativa sobre vocería institucional.

En paralelo, la CIDH ha advertido sobre la situación de riesgo que enfrentan fiscales que investigan redes de corrupción en Perú, solicitando medidas de protección al Estado para garantizar su independencia y seguridad.