¿Por qué Alex Flores denunció a seis miembros de la JNJ?
El congresista presentó una denuncia constitucional por infracción a la Carta Magna y presuntos delitos penales. Solicita inhabilitar a los miembros de la JNJ por diez años.
El congresista Alex Flores presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra seis miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a quienes acusa de haber actuado fuera de sus competencias al ordenar la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Según la denuncia, esa decisión contravino principios constitucionales, invadió competencias del Ministerio Público y se emitió cuando el caso ya estaba judicializado.
¿A quiénes alcanza la denuncia presentada?
La denuncia está dirigida contra Gino Ríos Patio (presidente de la JNJ), María Cabrera Vega (vicepresidenta), Jaime de la Puente Parodi, Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic González y Cayo César Galindo Sandoval. No incluye a Francisco Távara, también miembro de la JNJ, quien recientemente denunció haber sido víctima de reglaje desde dentro del mismo organismo.
Flores sostiene que los seis denunciados incurrieron en infracción a los artículos 38, 139.2, 139.5 y 158 de la Constitución, y en los delitos de usurpación de funciones y avocamiento ilegal de proceso en trámite.
¿Qué irregularidades se señalan en la resolución de la JNJ?
La denuncia gira en torno a la Resolución N.º 231-2025-JNJ, emitida el 12 de junio, mediante la cual la JNJ ordenó reponer a Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. Según el congresista, esta medida usurpa funciones que competen exclusivamente a la Junta de Fiscales Supremos.
Además, se indica que la JNJ intervino en un caso judicialmente tramitado, pues la ex fiscal había presentado una acción de amparo contra su destitución. La denuncia subraya que la resolución carece de motivación válida y se emitió ignorando el principio de cosa decidida, ya que el proceso disciplinario había concluido en la vía administrativa.
¿Qué se solicita y en qué se sustenta la acusación?
Flores pide al Congreso inhabilitar por diez años a los seis denunciados para ejercer cualquier función pública. La acusación se basa en el artículo 100 de la Constitución y en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, señalando una conducta arbitraria, ilegal y dañina para el sistema democrático y la lucha contra la corrupción.
El documento sostiene que, al haber reabierto casos cerrados e intervenir en procesos en trámite, la JNJ vulneró el principio de independencia de poderes y actuó con parcialidad al favorecer la restitución de magistradas vinculadas a procesos graves.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales será la encargada de calificar esta denuncia.