Pulpos de la Victoria: prisión preventiva a presuntos integrantes
El Poder Judicial ordenó la medida restrictiva por los delitos de organización criminal y extorsión en agravio de comerciantes de Gamarra.
El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra 11 presuntos integrantes de la organización criminal Los Pulpos de la Victoria tras permanecer 15 días bajo detención preliminar.
La medida judicial se ejecutó luego de que la División de Investigaciones de Alta Complejidad y el Ministerio Público recopilaran elementos de convicción sobre el cobro ilegal de cupos a los comerciantes ambulantes en el emporio de Gamarra.
Las autoridades fiscales imputan a los procesados los delitos de organización criminal y extorsión por registrar cobros de dinero a cambio de permitir el comercio en la vía pública.
De acuerdo con la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz, la orden de prisión afecta de manera directa a Manuel Núñez Castro, considerado por las investigaciones como el presunto cabecilla de la red delictiva.
El magistrado determinó que existen graves elementos de convicción que acreditan la comisión de delitos violentos y acciones de extorsión sistemática dentro de la jurisdicción de La Victoria. Respecto a las imputaciones por el delito de homicidio, el juzgado precisó que solo se registra una sospecha reveladora sin un aspecto vinculante determinante.
¿Qué exfuncionario público está implicado en la investigación por extorsión?
El ciudadano Juan José Rocangliolo Monge, exfuncionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recibió la medida de 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado.
El investigado desempeñaba previamente un cargo de confianza en el Programa Nacional de Centros Juveniles. Las indagaciones fiscales lo señalan como un presunto brazo operativo y legal de la red delictiva encargada del control de los espacios comerciales públicos.
Canal N informó que el magistrado a cargo del caso desestimó los argumentos de la defensa de Rocangliolo Monge al identificar una sospecha fuerte de vinculación con las actividades ilícitas de la banda.
El procesamiento judicial contra el exservidor del Pronacej se sustentó en los reportes de comunicaciones y el análisis de la DIVIAC. Los investigados permanecen en la sede judicial a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario determine los centros de reclusión correspondientes.
¿Cuál es la situación legal de las ciudadanas procesadas con comparecencia?
El órgano jurisdiccional dispuso el mandato de comparecencia con restricciones para tres mujeres implicadas en el proceso de investigación, quienes no serán ingresadas a un establecimiento penitenciario.
Entre las procesadas se encuentra Juliana Carbonel Carbonel, excandidata a la Cámara de Diputados por la organización política Juntos por el Perú. La encausada recibió una orden de impedimento de salida del territorio nacional por un plazo de 12 meses y la obligación de firmar de forma periódica en el juzgado.
La defensa de Carbonel Carbonel argumentó durante las audiencias públicas que su patrocinada padece de cáncer, una condición de salud que no fue acreditada con la documentación médica obligatoria.
El magistrado Chávez Tamariz resolvió que la gravedad de la pena potencial y la presunta pertenencia a la red delictiva se ven atenuadas por la verificación de arraigo domiciliario, laboral y familiar. Las tres investigadas deberán cumplir con las reglas de conducta impuestas por el Poder Judicial para evitar la revocatoria de la comparecencia.