¿Puede OEA frenar al Tren de Aragua tras condena internacional?
La condena regional contra el Tren de Aragua, liderada por Perú en la OEA, plantea nuevas posibilidades para enfrentar al crimen organizado transnacional. El reto es pasar del pronunciamiento político a una acción regional efectiva.
El Perú encabezó una declaración sin precedentes en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) al lograr que siete países condenaran formalmente la violencia y expansión del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más temidas del continente. El pronunciamiento marca un hito diplomático, pero también abre una pregunta clave: ¿cómo se traducirá esta condena en acciones concretas y sostenibles?
¿Qué representa esta condena para la lucha contra el crimen organizado?
La declaración, respaldada por Argentina, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Panamá y Paraguay, califica al Tren de Aragua como una amenaza regional y exhorta a considerar su designación como organización terrorista extranjera. Este paso es significativo no solo por el término empleado —“terrorista”—, sino porque insta a aplicar herramientas legales y financieras contundentes: congelamiento de activos, intercambio de datos biométricos, sanciones selectivas e investigaciones conjuntas.
Aunque el pronunciamiento no tiene carácter vinculante, refleja una creciente percepción regional de que el crimen organizado, en especial el Tren de Aragua, ha superado las fronteras estatales y opera como una red transnacional que desafía la gobernabilidad y la seguridad pública.
¿Hay voluntad política para aplicar lo que se plantea?
El llamado a adoptar marcos jurídicos equivalentes que permitan enjuiciar con mayor eficacia a los miembros del Tren de Aragua es, en esencia, una invitación a armonizar legislaciones nacionales frente a una amenaza común. Pero esa armonización enfrenta serios obstáculos políticos y técnicos: marcos penales diferentes, capacidades institucionales desiguales y prioridades internas que varían según el país.
Perú, que ha vivido el impacto directo de la organización criminal en ciudades como Lima, Trujillo o Arequipa, ha buscado desde hace meses el respaldo regional para enfrentar al grupo desde una perspectiva de seguridad hemisférica. Esta declaración parece responder a esa búsqueda, pero requerirá liderazgo diplomático sostenido para que no quede en el papel.
Además, el documento menciona explícitamente que también debe condenarse a “cualquier actor —incluidos gobiernos— que facilite, tolere o proporcione apoyo material o refugio seguro” al Tren de Aragua, un señalamiento que puede incomodar a ciertos regímenes, especialmente si se avanza hacia mecanismos más coercitivos de presión internacional.
¿Qué sigue para convertir esta condena en una estrategia real?
Más allá de la declaración política, los países firmantes coinciden en la necesidad de compartir inteligencia financiera, datos biométricos y evidencias procesales para rastrear, capturar y desmantelar redes vinculadas al Tren de Aragua. Esto implicaría una colaboración sin precedentes en tiempo real, que actualmente está limitada por la desconfianza entre agencias, la falta de interoperabilidad tecnológica y los marcos de protección de datos personales.
Asimismo, se reconoce que varios países afectados no cuentan con las capacidades técnicas necesarias para enfrentar al Tren de Aragua con la contundencia requerida. Por ello, el documento hace un llamado a fortalecer la asistencia técnica y el apoyo institucional, algo que también dependerá de recursos externos, voluntad política y cooperación interagencial.
El gran desafío será pasar del consenso diplomático a la acción coordinada. La declaración reafirma el compromiso de los países para continuar con el seguimiento del tema en la OEA, pero no establece plazos ni mecanismos claros para evaluar los avances. Esto podría restar eficacia al pronunciamiento si no se acompaña de una hoja de ruta concreta.