Proyecto para cadena perpetua por extorsión y terrorismo urbano
Una iniciativa legislativa busca frenar el crimen organizado con penas más duras. ¿Cómo puede afectar a ciudadanos y empresas?
El congresista José Bernardo Pazo Nunura presentó un proyecto de ley que propone cadena perpetua por extorsión y terrorismo urbano. La propuesta surge frente al aumento de la delincuencia organizada y su impacto en la vida cotidiana de los peruanos. Según el legislador, estos delitos afectan derechos fundamentales como la vida, la seguridad y la paz social.
La ley plantea cambios al Código Penal. Se modificarían los artículos sobre extorsión y terrorismo urbano para aplicar penas más severas, incluso a empresas. En el caso de la extorsión, la pena máxima se aplicaría cuando exista vínculo con cargos públicos o beneficios indebidos. Para el terrorismo urbano, se propone penalizar con cadena perpetua a quienes generen terror colectivo sin necesidad de motivación ideológica.
¿Qué efectos tienen estos delitos en la economía del país?
Según el proyecto, estos crímenes han obligado a cerrar negocios, generar desempleo y frenar inversiones. El impacto se siente especialmente en barrios comerciales y zonas de alto riesgo. La percepción de inseguridad también ha aumentado, afectando el desarrollo económico y la tranquilidad de muchas familias.
El autor de la propuesta advierte que el Estado no puede quedarse de brazos cruzados mientras la delincuencia impone su ley. Señala que es necesario actuar con firmeza, no solo endureciendo penas, sino también con acciones preventivas.
¿Qué otras medidas se plantean para combatir el crimen?
Además de la cadena perpetua, el proyecto incluye campañas informativas, apoyo a víctimas y una línea de denuncias especializada en la Policía Nacional. También se prevé un enfoque multisectorial que articule acciones entre distintas entidades del Estado.
Para muchos, esta propuesta podría marcar un cambio importante en la lucha contra la criminalidad. Sin embargo, también abre el debate sobre la efectividad de las penas extremas como medida disuasiva. El proyecto ya está siendo evaluado por el Congreso.