Plantean eliminar beneficios para reos por delitos graves
La propuesta de Renovación Popular busca frenar la reincidencia ante el alza de la delincuencia armada sin dar beneficios.
La congresista Norma Yarrow presentó un proyecto de ley ante el Congreso para eliminar los beneficios penitenciarios a las personas sentenciadas por delitos de alta peligrosidad.
La propuesta busca que los condenados por secuestro, feminicidio y robo agravado cumplan la totalidad de los años fijados en sus sentencias.
La iniciativa plantea reformar el Código de Ejecución Penal para prohibir que los reos reduzcan sus penas mediante jornadas de trabajo o estudio dentro de las cárceles.
La parlamentaria señaló que la medida responde al reclamo de la ciudadanía frente al avance de las organizaciones criminales.
El proyecto de ley prohíbe otorgar beneficios penitenciarios por trabajo o estudio
La propuesta legislativa plantea que los sentenciados por crímenes graves no puedan acogerse a beneficios de rebaja de condena bajo ninguna modalidad.
La prohibición se aplicará a quienes cometan feminicidio y secuestros extorsivos que cuenten con sentencia firme del Poder Judicial.
El texto legal incluye además a los responsables de robos agravados con consecuencias violentas en agravio de transportistas y comerciantes.
La legisladora indicó que la norma busca asegurar que el castigo penal coincida con la gravedad del daño causado a las víctimas.
La propuesta legislativa elimina los beneficios de redención para dar seguridad
El documento cita pronunciamientos del Tribunal Constitucional que señalan que los beneficios carcelarios son herramientas que el Estado puede restringir ante crisis de seguridad.
La iniciativa mantendrá los talleres de capacitación en las prisiones pero sin otorgarles valor para la excarcelación anticipada.
La congresista Yarrow sostuvo que el sistema penal debe priorizar la protección de los ciudadanos frente a la reincidencia de delincuentes peligrosos.
La medida tiene como finalidad fortalecer la función disuasiva de las penas dictadas por los jueces penales en el país.
Las instituciones de justicia deberán aplicar la restricción de forma inmediata
El proyecto de ley se sustenta en cifras del INEI que advierten un aumento sostenido en delitos cometidos con armas de fuego y cobro de cupos.
La iniciativa no requerirá un presupuesto adicional para su puesta en marcha en los centros penitenciarios nacionales.
El Ministerio de Justicia y el INPE deberán aplicar los nuevos lineamientos de forma inmediata una vez que la ley sea aprobada y promulgada.
La Mesa Directiva enviará el proyecto a la Comisión de Justicia para su análisis técnico y posterior debate en el Pleno.