PJ admite apelación de Benavides contra su suspensión de 2 años

La lucha jurídica de Patricia Benavides para recuperar su cargo como fiscal suprema y exfiscal de la Nación ha sumado dos nuevos capítulos: la admisión de su apelación contra la suspensión dictada por 24 meses y la admisión de un habeas corpus que busca apartar a la fiscal Delia Espinoza de las investigaciones en su contra. Ambos procesos tienen potencial para redefinir el equilibrio institucional en el Ministerio Público y exponen la profundidad del conflicto que se vive dentro del sistema de justicia.

¿Por qué es clave la apelación aceptada por la Corte Suprema?

El juez supremo Juan Carlos Checkley concedió la apelación presentada por Benavides contra la resolución que ordenó su suspensión preventiva. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema será ahora la encargada de decidir si mantiene o anula esta medida.

Esta apelación representa la única vía procesal inmediata para revertir la suspensión de 24 meses impuesta en el marco de una investigación penal por presuntos delitos como cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal agravado. El juez que impuso la medida, Segismundo León, consideró que los cargos revestían una gravedad suficiente como para apartarla del cargo mientras dura la investigación.

Si la Corte Suprema estima que hubo errores de procedimiento o que la medida fue desproporcionada, Benavides podría regresar a sus funciones, generando una nueva crisis institucional frente a los órganos que respaldan la suspensión.

¿Qué busca Benavides al presentar un habeas corpus contra Espinoza?

Paralelamente, el Poder Judicial también admitió a trámite un habeas corpus presentado por la defensa de Benavides contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. El recurso constitucional tiene como objetivo apartar a Espinoza de todas las investigaciones y denuncias constitucionales contra la exfiscal, alegando falta de objetividad y vulneración al debido proceso.

El argumento central del recurso es que Espinoza —quien desconoció la reposición de Benavides ordenada por la JNJ— no tiene imparcialidad para dirigir una investigación contra quien considera su antecesora ilegítima. Además, se cuestiona que haya solicitado la suspensión desde el 11 de junio, cuando Benavides aún no había sido formalmente restituida.

Si el habeas corpus prospera, implicaría el retiro inmediato de Espinoza del caso y la eventual nulidad de varias actuaciones fiscales, lo que ampliaría el escenario de confrontación institucional.

¿Qué papel juega la JNJ y por qué hay conflicto de competencias?

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) había ordenado la reposición inmediata de Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público, al considerar que su destitución previa violó el debido proceso. Esta resolución incluía incluso el uso de la fuerza pública para ejecutarla.

Sin embargo, el Poder Judicial, al emitir una suspensión como parte de una investigación penal, introdujo un obstáculo legal que prima sobre una resolución administrativa. El choque entre ambas decisiones generó un impasse legal y político inédito: dos órganos del Estado dictando disposiciones contradictorias sobre una misma funcionaria.

Benavides ha denunciado públicamente esta contradicción y acusa a Espinoza de “desobediencia flagrante” por no acatar la resolución de la JNJ. La disputa no es solo jurídica, sino también de poder institucional.

¿Qué denuncias plantea Benavides sobre la legalidad del proceso?

La exfiscal sostiene que el juez Segismundo León no tenía competencia para emitir la resolución que la suspendió. También denuncia que la celeridad del proceso y el momento en que se presentó la solicitud de suspensión —antes de que se oficializara su reposición— demuestran que hubo intención de bloquear su retorno al Ministerio Público.

“Se está instrumentalizando el Ministerio Público. Basta ya de atropellos”, afirmó en un pronunciamiento público. Además, ha manifestado que continuará su defensa en el marco legal y espera que las instancias superiores anulen la suspensión vigente.

¿Cuáles son las implicancias políticas y jurídicas del caso?

Este escenario plantea varias interrogantes de fondo. ¿Puede una autoridad judicial suspender a una fiscal repuesta por un órgano constitucional autónomo? ¿Se ha utilizado la suspensión como una forma de neutralizar políticamente a una figura polémica dentro del Ministerio Público? ¿Qué consecuencias tendría la anulación de la medida?

En la práctica, la suspensión de Benavides neutralizó la orden de la JNJ y fortaleció la posición de Espinoza en la conducción del Ministerio Público. Pero si la Sala Penal Permanente revoca la suspensión o el habeas corpus aparta a Espinoza del caso, el tablero institucional volvería a moverse.

Mientras tanto, el sistema de justicia transita por un terreno de incertidumbre, donde las decisiones judiciales, los procesos disciplinarios y las acciones constitucionales se entrecruzan con un fuerte componente político y de legitimidad institucional.