Piero Corvetto: El PJ dicta impedimento de salida del país

El Poder Judicial (PJ) impuso una restricción de salida del país por 18 meses contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, tras un pedido formal de la Fiscalía. El juez Manuel Chuyo sustentó su decisión en los indicios presentados por la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, que investiga al exfuncionario por los presuntos delitos de colusión agravada e omisión de actos funcionales. La audiencia, que se llevó a cabo desde las 11:00 a. m., analizó el riesgo de fuga y la necesidad de asegurar la presencia del investigado en las diligencias del proceso.

Esta medida no solo afecta al exjefe de la ONPE, sino que también incluye a un grupo de seis exfuncionarios y colaboradores. Entre los implicados figuran José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores, quienes enfrentan cargos por colusión agravada. La investigación fiscal apunta a que existió un presunto direccionamiento en el contrato de la empresa encargada del despliegue de materiales de sufragio. Para el Ministerio Público, estas acciones habrían comprometido la neutralidad del organismo electoral al favorecer intereses particulares sobre el interés público.

¿Qué halló la Fiscalía en los allanamientos al exjefe de la ONPE?

El avance de las investigaciones contra Piero Corvetto se intensificó el viernes 24 de abril, cuando se realizaron allanamientos en diversas propiedades vinculadas al exfuncionario. Con el apoyo de la Policía Nacional, los fiscales recabaron información clave dentro del denominado "Caso ONPE", donde se indagan presuntas irregularidades y negligencia en el ejercicio de las funciones públicas. Los operativos buscaron evidencia documental y digital que confirme los supuestos acuerdos ilícitos para la entrega de contratos logísticos de gran envergadura durante los procesos electorales supervisados por la anterior gestión.

A pesar de los hallazgos iniciales, el juez Manuel Chuyo Zavaleta rechazó la solicitud de detención preliminar contra los implicados, considerando que por ahora la restricción de salida del país es la medida más proporcional. Asimismo, el magistrado declaró improcedente el pedido para levantar el secreto de las comunicaciones mediante la geolocalización de los teléfonos. Con este escenario, el Poder Judicial garantiza que Piero Corvetto y los demás investigados se mantengan a disposición de la justicia mientras se determina si existió una red de colusión dentro de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.