Petroperú: Reorganización exprés antes del cambio de directorio
Directorio saliente aprobó apresurados cambios de sueldos y cargos en Petroperú antes de su remoción
Mientras la opinión pública y las altas esferas del gobierno debatían las fórmulas financieras para rescatar a Petroperú de un colapso patrimonial que supera los 6000 millones de dólares en deudas, al interior de la empresa estatal se libraba una apresurada carrera para modificar convenientemente su estructura interna. Documentos exclusivos obtenidos por Cuarto Poder ponen al descubierto cómo el directorio saliente aprobó una reorganización administrativa a espaldas del Poder Ejecutivo y de ProInversión, la entidad encargada por el Decreto de Urgencia 010-2025 de liderar el proceso de reestructuración integral con la asesoría de la consultora internacional Deloitte.
El primer movimiento documentado ocurrió el 8 de julio, fecha en la que se emitió un memorando confidencial solicitando la evaluación del impacto presupuestal para alterar la estructura orgánica de la petrolera. Apenas 24 horas después, el equipo de transferencia del nuevo gobierno remitió una advertencia expresa solicitando prudencia administrativa. Pese a la alerta formal, el trámite interno no se detuvo y continuó su marcha en el marco de las elecciones regionales y municipales 2026.
Ante estos hechos, el pasado jueves 6 de agosto, la Junta General de Accionistas decidió renovar la conducción de la compañía. A través de un hecho de importancia firmado a las 9:55 de la noche, se hizo oficial el retorno del economista Oliver Stark Preuss a la presidencia del Directorio de Petroperú. Expresidentes de la petrolera como Pedro Gamio y Carlos Paredes criticaron severamente las acciones de la administración saliente, calificando las decisiones como un cortocircuito institucional ejecutado por directivos que se resistían a la supervisión estatal.
Trámites exprés durante feriados y horarios nocturnos
El nivel de prisa para concretar el rediseño institucional quedó plasmado en la celeridad con la que se gestionaron los informes técnicos que le dieron sustento formal. Durante el feriado nacional del 23 de julio, mientras la función pública se encontraba en receso, los despachos administrativos de Petroperú operaron a ritmo acelerado.
A las 10:51 de la noche de aquel día festivo, se emitió un requerimiento para evaluar la viabilidad legal y los contingentes de la propuesta. Exactamente un minuto después, a las 10:52 de la noche, quedó firmado el Informe GCAD 1731-2026, dando luz verde técnica al nuevo organigrama. Respecto a esta inusual prisa, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, tildó el procedimiento de comportamiento impropio realizado entre gallos y medianoche, respaldando que la nueva administración revierta las medidas.
Lejos de tratarse de un ajuste técnico inofensivo, la propuesta aprobada rediseñó la línea de mando directa de la empresa estatal. En febrero del presente año, la arquitectura institucional contemplaba a la Gerencia General y seis subgerencias operativas debajo de la mesa directiva. Con el nuevo mapa aprobado, el número de gerencias con dependencia directa del directorio se elevó a 8, incorporando despachos como la Gerencia de Auditoría Interna, la Gerencia de Riesgos y la Jefatura de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Aumentos salariales, bonificaciones y remoción de gerentes críticos
La reestructuración interna conllevó además modificaciones en la política salarial y asignación de beneficios económicos. Documentos del 7 de julio exponen la gestión para aprobar por excepción cambios en el alcance de la Bonificación Temporal por Cargo Ejecutivo, norma destinada a beneficiar económicamente a trabajadores que asumieran encargaturas o interinatos superiores a los 30 días.
Analistas del sector y exdirectivos de la empresa señalaron que estas maniobras buscaban ascender a personal de los niveles 2 al 4, incrementando sus sueldos y consolidando puestos clave para funcionarios ligados a la alta dirección saliente. Para el expresidente de la estatal, Carlos Paredes, las modificaciones apuntaban a asegurar jugosas indemnizaciones a favor de un grupo de ejecutivos ante su eventual salida de la compañía.
Paralelamente, durante los meses previos a la aprobación del organigrama, la administración saliente removió de sus cargos a funcionarios clave que promovían una política estricta de contención del gasto y colaboraban de forma transparente con ProInversión. Entre las salidas registradas figuraron la de la gerenta general Rita López y la del titular de la Gerencia de Finanzas, despejando así cualquier obstáculo interno para la concreción de las medidas.
El 5 de agosto, tras semanas de tramas presupuestales y firmas nocturnas, la nueva estructura de la empresa estatal quedó formalmente aprobada. Tan solo 24 horas después, los integrantes del directorio que impulsaron la medida fueron removidos de sus cargos por los accionistas. Hoy, la nueva conducción liderada por Oliver Stark Preuss asume una entidad desequilibrada, con la tarea prioritaria de evaluar qué decisiones administrativas revierte y cuáles somete a investigación para frenar las pérdidas de la petrolera estatal.