¿Obstaculizó la ley el acuerdo con Castro en el caso Villarán?

El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, respondió este miércoles a las críticas que lo responsabilizan por no haber logrado la homologación del acuerdo de colaboración eficaz con José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima y testigo clave en el caso Susana Villarán.

Su respuesta gira en torno a una modificación legislativa emitida en 2023 por el Congreso. Dicha norma exige que todo aspirante a colaborador eficaz cuente con un abogado defensor en cada diligencia, sin excepción. Según el fiscal, esta condición fue la principal traba que impidió avanzar con el proceso.

“El señor Castro Gutiérrez señala que no tiene la capacidad de tener un abogado de libre elección y solicita un abogado del Estado, es decir, un defensor público que depende del Ministerio de Justicia”, indicó Pérez en entrevista con Canal N.

¿Fue responsabilidad de la Fiscalía no cerrar el acuerdo?

José Miguel Castro, uno de los principales implicados en los presuntos aportes ilegales de Odebrecht y OAS a las campañas de Susana Villarán, buscaba acogerse al beneficio judicial de colaboración eficaz. Aunque había admitido actos ilícitos, su proceso no logró cerrarse formalmente antes de su fallecimiento el domingo 29 de junio.

Frente a las críticas de algunos juristas que responsabilizan al Ministerio Público por no concretar la homologación desde que Castro se acogió en 2019, Pérez fue enfático:

“Veo mucha especulación, sobre todo porque se me atribuye responsabilidad en una situación que descarto por completo”, sostuvo.

¿Qué impidió cerrar la colaboración eficaz?

Según el fiscal, la figura del defensor público fue determinante. Durante el último año, Castro no contaba con un abogado particular y había solicitado apoyo del Ministerio de Justicia. El problema, explicó Pérez, fue la inasistencia constante de la defensora asignada.

“El martes pasado [antes del fallecimiento], el señor Castro estuvo en la Fiscalía. Pero no llegó la defensora pública, quien tenía otras diligencias. Así ha venido ocurriendo durante todo el año”, detalló.

La falta de diligencias completas por ausencia de abogado impidió concluir el acuerdo, el cual vencía el 12 de julio. “La Fiscalía no puede obligarlo a aceptar nuestras condiciones. El proceso es libre y voluntario”, reiteró Pérez.

¿Qué pasa ahora con sus declaraciones?

Pérez aseguró que la muerte de Castro no afectará el juicio oral contra Susana Villarán, ya que existen otras pruebas sólidas. No obstante, aclaró que las declaraciones brindadas por el exgerente durante el proceso de colaboración eficaz no podrán ser utilizadas.

“El proceso de colaboración se truncó con su fallecimiento. Pero las declaraciones brindadas en la investigación preliminar sí se podrán usar como elementos probatorios”, explicó.

La Fiscalía solicitará que estas declaraciones previas sean admitidas como prueba nueva en el juicio oral, aunque esto dependerá del criterio del juzgado.

¿Qué impacto puede tener la investigación por su fallecimiento?

El fiscal Pérez también manifestó expectativa por los hallazgos que pueda realizar la Fiscalía de Miraflores, a cargo de investigar la muerte de Castro, quien fue hallado con un corte en el cuello en la vivienda de su padre. En la escena se encontraron dos cuchillos, sin huellas dactilares útiles, y el celular del exfuncionario.

“Si hay evidencia como documentos o comunicaciones que sean relevantes para el juicio contra Susana Villarán, deberán ser comunicadas por el fiscal de Miraflores. Así podríamos ofrecerlas en la etapa de instalación del juicio como prueba nueva”, afirmó.

¿Qué consecuencias tiene esta situación para el caso Villarán?

Aunque algunos analistas sostienen que la muerte de Castro representa un duro golpe al caso Villarán, el fiscal José Domingo Pérez sostiene lo contrario. Para él, el expediente sigue siendo sólido.

“Hay abundante prueba documental, evidencias bancarias, testimonios de otros imputados. El juicio oral contra Susana Villarán se va a instalar con o sin el acuerdo de colaboración de Castro”, sostuvo.

La Fiscalía acusa a la exalcaldesa de lavado de activos y otros delitos por haber recibido presuntamente millones de dólares en aportes ilegales durante las campañas del No a la revocatoria (2013) y su reelección (2014).

¿Fue posible evitar esta situación?

Especialistas han cuestionado que, pese a la importancia del testimonio de Castro, la Fiscalía no haya priorizado su homologación desde el año 2019. La crítica se centra en que, sin ese respaldo judicial, sus declaraciones pierden fuerza procesal.

El Ministerio Público argumenta que la exigencia legal del Congreso, sumada a la falta de disponibilidad del abogado público, hizo inviable cerrar el proceso. No obstante, queda en evidencia la falta de mecanismos efectivos para asegurar que una figura clave en un caso de alta sensibilidad cuente con las garantías mínimas para cooperar.

Ahora, el juicio oral enfrentará un escenario complejo, con un testimonio clave sin respaldo oficial y la incertidumbre de si las pruebas encontradas tras la muerte de Castro aportarán al proceso o no.