Minjus no se opone recibir presos extranjeros en Perú

Enrique Alcántara, ministro de Justicia, afirmó que el Perú no descarta la posibilidad de recibir reos extranjeros, siempre que se cumplan los convenios internacionales correspondientes. Según dijo, esta alternativa forma parte de una estrategia para enfrentar la inseguridad ciudadana y no se aplicaría a ciudadanos peruanos, sino a personas sin arraigo en el país.

En declaraciones a Canal N, el titular del Ministerio de Justicia indicó que se ha evaluado un proyecto relacionado al traslado de presidiarios extranjeros desde otros países, como Estados Unidos, a centros penitenciarios peruanos. 

"Si ese proyecto se ejecuta, no estamos pensando en delincuentes de nacionalidad peruana, sino en extranjeros sin vínculos en el país", precisó. Además, mencionó que existen convenios internacionales que respaldan esta posibilidad, como la figura de la extradición pasiva, que permite el retorno de nacionales a su país de origen para cumplir una condena.

Minjus sobre el sistema penitenciario

Enrique Alcántara también se refirió al estado actual de los penales en el Perú. Señaló que el principal problema que enfrentan es el hacinamiento, situación que no es reciente. Recordó que desde el año 2015 no se construyen nuevos establecimientos penitenciarios, y afirmó que el gobierno actual está concentrado en destrabar proyectos paralizados desde 2019 y 2020.

“Nuestra política al 2030 tiene como eje central el deshacinamiento penitenciario”, afirmó el ministro, en alusión a las medidas previstas para mejorar las condiciones del sistema carcelario.

Las implicancias que tendría aceptar reos extranjeros

Respecto al impacto que podría tener la llegada de reos extranjeros en los penales peruanos, Alcántara explicó que no se trataría de un ingreso masivo. Subrayó que el Estado peruano está obligado a aceptar ciertos traslados si se trata de connacionales que cometieron delitos en el extranjero y cuya repatriación ha sido solicitada formalmente.

Frente a las críticas que han surgido, el ministro indicó que si bien hay voces que consideran esta propuesta inconstitucional, no existe impedimento legal si se trata de casos regulados por acuerdos internacionales.

La discusión sobre esta medida surge en un contexto de creciente preocupación por el crimen organizado y la necesidad de tomar decisiones efectivas frente a la inseguridad. El Ministerio de Justicia ha reiterado que evaluará cada caso en el marco de la legalidad vigente.