Liberan a detenidos en operativo contra 'El Jorobado'
La Fiscalía había solicitado prisión preventiva para todos los intervenidos, por los presuntos delitos de organización criminal, homicidio, extorsión y lesiones seguidas de muerte
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla dictó comparecencia restringida para siete de los ocho detenidos durante el megaoperativo contra "los Sanguinarios de la Construcción". Solo Adam Smith Lucano, alias “El Jorobado”, continuará en prisión preventiva por un plazo de 36 meses.
La Fiscalía había solicitado prisión preventiva para todos los intervenidos, por los presuntos delitos de organización criminal, homicidio, extorsión y lesiones seguidas de muerte. Sin embargo, el juez Roberth Rimachi Pilco concluyó que las pruebas no acreditan que los implicados formen parte de una organización criminal.
Juez desestima pruebas para imputación de red criminal
Entre los liberados figuran personas relacionadas a actividades secundarias de la supuesta red, como el promotor de eventos Glemn Montes Malaver, señalado por la Fiscalía como operador de conciertos donde circularía dinero ilícito.
Asimismo, Gareth Blas Lucano, sobrino de “El Jorobado”, fue liberado pese a los señalamientos fiscales sobre su rol como supuesto agente de seguridad del grupo. El magistrado no encontró elementos suficientes para confirmar su vinculación criminal.
Solo un sobrino recibió prisión por tenencia de municiones
Enzo Lucano Cano, también sobrino del cabecilla, recibió prisión preventiva por nueve meses. El motivo fue la tenencia ilegal de municiones halladas durante la intervención policial, pero el delito de organización criminal fue descartado en su caso.
Otras cinco personas, entre ellas Edwin Díaz Vila, Luis Rodríguez Baca, Braulio Balthuano Vázquez, Edwin Ventura Mateo y Joan Balcázar Dávila, fueron liberadas bajo reglas de conducta.
Comparecencia restringida y apelación fiscal
Todos los implicados bajo comparecencia deberán cumplir con el control biométrico mensual durante 36 meses y pagar cauciones económicas que oscilan entre S/ 3.000 y S/ 4.500.
La Fiscalía ha apelado la decisión judicial, buscando que se reevalúe la medida y se reconsidere la prisión preventiva para los siete liberados. El proceso judicial continúa mientras el cabecilla permanece recluido por decisión del juez.