Juntos por el Perú separa a trabajador tras denuncia de INPE
La bancada retiró a personal involucrado en contrataciones tras révélase vínculos con autoridades del INPE
La bancada parlamentaria Juntos por el Perú separó a un trabajador de su equipo tras la difusión de un informe periodístico que reveló presuntos intercambios de favores entre funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) e integrantes del grupo parlamentario. La decisión fue confirmada por la diputada Svieta Fernández, quien sostuvo que la medida administrativa busca asegurar la transparencia de las investigaciones.
El caso involucra contrataciones en despachos e instancias parlamentarias de familiares de autoridades del penal de Barbadillo, establecimiento donde permanece recluido el expresidente Pedro Castillo. Entre los nombramientos señalados figura el de Yulissa Lucero, hija del exdirector de dicho centro penitenciario, en el despacho de la diputada Azucena Isla, así como la incorporación del exdirector Héctor Sandoval como asesor en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Bancada retiró a personal tras investigación sobre el INPE
La remoción del trabajador de la bancada Juntos por el Perú se concretó luego de que el vocero del grupo parlamentario, Ernesto Zunini, comunicara el inicio de acciones internas y la disposición para colaborar con los procesos de indagación. La diputada Fernández señaló que la separación preventiva busca facilitar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades directas en la agrupación política.
La legisladora argumentó que las contrataciones observadas superaron los filtros técnicos del departamento de Recursos Humanos del Congreso de la República. Asimismo, Fernández defendió que cualquier profesional que cumpla los requisitos formales tiene derecho a ingresar a la función pública, aunque respaldó que las presunciones de tráfico de influencias sean evaluadas en el ámbito legal.
Evaluación del trabajo legislativo registra una ley aprobada
Durante los primeros 100 días de gestión parlamentaria, el Congreso de la República aprobó una sola norma legal correspondiente al pedido de facultades legislativas formulado por el Poder Ejecutivo, de un total aproximado de 700 proyectos de ley presentados en la legislatura. Fernández explicó que la tasa de aprobación responde a la dinámica del sistema bicameral.
De acuerdo con la versión del grupo parlamentario, la estructura bicameral exige solicitar opiniones técnicas a entidades especializadas antes de redactar y votar dictámenes en las comisiones ordinarias. Este procedimiento técnico extiende los plazos de debate previo al envío de las propuestas al pleno y a la revisión del Senado.
Inasistencia a Comisión Directiva impidió evaluar recorte presupuestal
La sesión de la Comisión Directiva del Congreso de la República, convocada para discutir un recorte presupuestal de S/ 400000000 para el Parlamento, fue suspendida por falta de cuórum ante la ausencia de representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Buen Gobierno. El diputado José Yataco presentó una licencia médica justificada durante la jornada.
Fernández indicó que la bancada optó por no asistir a la reunión debido a la falta de documentación previa que especificara el destino técnico y las áreas afectadas por la reducción de fondos. El grupo parlamentario solicitó información detallada a las instancias administrativas antes de retomar las discusiones sobre la formulación presupuestaria.
Fiscalización en Tacna detectó observaciones de la Contraloría
Una delegación integrada por la diputada Svieta Fernández realizó una visita inopinada a la Municipalidad Provincial de Tacna durante la semana de representación para inspeccionar la gestión del predio Fundo Cholol. La diligencia tuvo como objetivo revisar los informes de la Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades en el cambio de uso del terreno.
El órgano de control emitió observaciones técnicas referidas a la falta de votos requeridos en el concejo municipal y al carácter reservado de la sesión en que se acordó el convenio contractual. El alcalde provincial evitó responder los cuestionamientos de forma verbal durante la inspección y remitió la entrega de explicaciones a un trámite documental posterior.