JNE: desafiliaciones se disparan por inscripciones sin permiso
Las solicitudes por inscripciones irregulares aumentaron casi 14,000 % en lo que va del 2025. Mayo registró la mayor cifra: 2.510 casos.
Una cifra inédita sacude al Jurado Nacional de Elecciones (JNE): más de 4 mil ciudadanos solicitaron, entre enero y junio, ser desafiliados de agrupaciones políticas por haber sido inscritos sin su consentimiento. Según datos oficiales, en enero hubo apenas 18 solicitudes. Pero en abril y mayo se registró un pico histórico: 1.410 y 2.510 solicitudes respectivamente.
Ese último mes marcó un incremento cercano al 14,000 % en comparación con el inicio del año. El fenómeno va de la mano con las múltiples denuncias difundidas en medios y redes sociales, que encendieron las alarmas sobre inscripciones irregulares.
¿Qué sectores están siendo afectados por estas afiliaciones indebidas?
Las solicitudes de desafiliación provienen de ciudadanos de distintos niveles sociales y profesionales. Lo preocupante es que también involucran a personas impedidas legalmente de tener militancia política: fiscales, policías, militares, e incluso personal del Ministerio Público.
La afectación es transversal. En algunos casos, los trámites de desafiliación avanzan con rapidez, pero muchos aún están estancados en proceso de revisión.
¿Cuántas solicitudes han sido aprobadas hasta el momento?
De las 4.197 solicitudes registradas hasta el 6 de junio, solo 199 han sido aprobadas por el JNE. Esto significa que más del 95 % siguen en trámite. El procedimiento requiere verificación individual y evidencia de que la inscripción se realizó sin consentimiento.
Pese a la avalancha de casos, la autoridad electoral aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre medidas adicionales para frenar esta problemática.
¿Qué consecuencias puede tener esta situación?
Además del impacto individual, estas afiliaciones irregulares generan dudas sobre la transparencia del sistema de registro de militantes. Algunos partidos podrían estar acumulando adherentes ficticios para cumplir requisitos electorales, afectando la legitimidad democrática.
Mientras tanto, cientos de ciudadanos siguen atrapados en una afiliación que nunca autorizaron.