Investigan presunto mal uso de recursos de franja electoral
La indagación fue derivada a fiscalías anticorrupción y evaluará la ejecución del presupuesto público asignado a todas las organizaciones políticas que utilizaron este mecanismo.
El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por el presunto mal uso de los recursos públicos asignados a la franja electoral, tras la difusión de información sobre la distribución del presupuesto destinado a propaganda electoral durante el actual proceso.
La indagación fue dispuesta por la Fiscalía de la Nación luego de reportes que alertaron sobre montos concentrados en determinados medios de comunicación, lo que motivó el análisis de una posible comisión de ilícitos penales.
¿Qué motivó el inicio de la investigación fiscal?
La investigación se inició a raíz de la difusión de información sobre la asignación de recursos de la franja electoral a determinados medios por parte de algunos partidos políticos.
Según el informe periodístico, los casos vinculados a País para Todos, Primero la Gente y Alianza para el Progreso originaron las primeras diligencias.
La Fiscalía indicó que estos hechos ameritan una revisión preliminar del uso de fondos públicos.
¿Qué informó la Fiscalía de la Nación sobre el caso?
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó que la indagación no se limitará a un solo partido político.
Señaló que la carpeta fiscal será derivada a las fiscalías especializadas en delitos de corrupción.
Indicó que se evaluará la ejecución del presupuesto asignado a todas las organizaciones que utilizaron la franja electoral.
¿Qué posibles delitos se evalúan en la investigación?
El abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló que, de confirmarse irregularidades, podrían configurarse distintos escenarios penales.
Entre ellos mencionó delitos de apropiación ilícita y delitos contra la fe pública, en caso se haya falseado información.
Estas declaraciones se dieron en el marco del análisis legal sobre el presunto mal uso de los recursos.
¿Qué ocurrirá con la información recopilada?
Tomás Gálvez informó que la información reunida fue remitida a las fiscalías anticorrupción.
Estas instancias evaluarán si corresponde la apertura formal de una investigación penal.
El fiscal interino precisó que los recursos de la franja electoral tienen carácter público y una finalidad específica.
¿Qué rol cumple la ONPE en este proceso?
El fiscal de la Nación interino explicó que la ONPE cumple un rol administrativo en la asignación y control de los recursos.
La Fiscalía, en cambio, interviene ante la eventual comisión de delitos penales.
Indicó que se analiza una posible disposición fraudulenta de los fondos públicos.
¿Quiénes podrían asumir responsabilidades?
De confirmarse irregularidades, la responsabilidad podría recaer en los representantes legales o en los encargados de finanzas de los partidos políticos.
Así lo señaló el informe periodístico difundido por Canal N.
La Fiscalía evaluará el nivel de participación de dirigentes y responsables administrativos.
¿Qué dijeron candidatos y especialistas sobre el caso?
La controversia se produce en un contexto en el que candidatos como Carlos Álvarez y Marisol Espinoza señalaron no conocer la forma en que se distribuyeron los recursos.
El director ejecutivo de Proética, José Gargurevich, cuestionó la falta de control interno en los partidos.
Indicó que este escenario genera preocupación en el marco de la carrera electoral.
¿Cuál es el alcance de la investigación preliminar?
La Fiscalía precisó que la indagación abarcará a todas las organizaciones políticas que hicieron uso de la franja electoral.
El caso será asumido por la Fiscalía Anticorrupción.
Las diligencias continuarán para determinar si existen responsabilidades penales.
La Fiscalía abrió una investigación preliminar por el presunto mal uso de los recursos públicos asignados a la franja electoral. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó que la indagación fue derivada a las fiscalías anticorrupción y no se limitará a un solo partido político. La investigación evaluará la ejecución del presupuesto de todas las organizaciones que utilizaron este mecanismo. Especialistas señalaron posibles delitos como apropiación ilícita o peculado. La responsabilidad podría recaer en representantes legales o encargados de finanzas de los partidos políticos.