Inquilinos precarios ocupan terrenos de 72 colegios públicos
Unos 72 colegios públicos tienen ocupantes precarios que dificultan obras y proyectos de reconstrucción
Un total de 72 colegios públicos de Lima Metropolitana se encuentran parcialmente ocupados por posesionarios e inquilinos precarios que se niegan a desalojar los terrenos destinados a la infraestructura educativa. La presencia de estos terceros frena la ejecución de obras de reconstrucción y saneamiento físico-legal, en un contexto donde 55.000 escuelas públicas a nivel nacional —equivalentes al 42% del total— están en riesgo de colapso. A esta problemática se suma que aproximadamente 28.000 colegios del país requieren una sustitución total de sus instalaciones.
En el colegio Miguel Grau N° 6032, ubicado en Villa María del Triunfo, la empresa Zalia S.A.C. ocupa 3.500 metros cuadrados —un tercio del terreno del plantel— tras el vencimiento en 2023 de un contrato de arrendamiento firmado erróneamente por 8 años en 2015. Pese a que el Poder Judicial declaró la nulidad de dicho acuerdo y a no pagar servicios de agua ni luz, la firma continúa explotando comercialmente canchas sintéticas y subarrendando el espacio para el funcionamiento del negocio "Club Car Wash Lu & Lu". Debido al entrampamiento legal, 1.200 alumnos estudian en módulos prefabricados mientras el director Sabino Puza denunció amedrentamientos por parte de sujetos a bordo de motocicletas.
¿Cómo operan las concesionarias y qué situaciones de riesgo se presentan en otros distritos?
Un esquema similar se registra en la Institución Educativa República de Francia N° 7093, en Villa El Salvador, donde un tercio del perímetro escolar permanece bajo el control de particulares que alquilan los campos deportivos para eventos con consumo de alcohol. La empresa Inversiones Whitman figura como recurrente en este tipo de cuestionamientos, acumulando procesos de desalojo y nulidad de contrato en 4 colegios de forma simultánea. En Chorrillos, otro predio escolar terminó utilizado como almacén de postes de alumbrado eléctrico, cuyos consumos de energía son asumidos por la UGEL 01 sin recibir pago alguno por arrendamiento.
En el colegio Marianito, un intento de desalojo realizado en mayo fue frustrado por un grupo de personas amotinadas que emplearon balones de gas para evitar la diligencia policial. En el lugar se identificó a Juan Chumpitaz Ramírez, excandidato a la alcaldía de Breña y exconvicto, señalado por la Policía Nacional del Perú por presuntamente utilizar las instalaciones deportivas de la escuela como depósito de sustancias ilícitas. Paralelamente, los ocupantes exigen un pago de 124.500 dólares al Estado para devolver las losas deportivas a la comunidad estudiantil.
¿Qué impacto genera el hacinamiento y qué medidas adoptarán las autoridades?
El deterioro físico de las instalaciones afecta directamente el desarrollo de las clases en planteles como el Inca Garcilaso de la Vega, donde 773 alumnos fueron reubicados en aulas temporales dentro de un complejo deportivo tras declararse inhabitable su local. Los estudiantes reciben clases sin suministro propio de energía eléctrica y compartiendo los servicios higiénicos con los usuarios del recinto público. Asimismo, en la escuela Medalla Milagrosa se reportó el riesgo inminente de colapso de techos, muros rajados y acumulación de desmontes en sus accesos.
El ministro de Educación, José Antonio Chang, informó que dio instrucciones al área legal de su sector para activar de inmediato las acciones de desalojo e iniciar la recuperación de los predios. Por su parte, el viceministro de Gestión Institucional, Antonio Alemán, indicó que conminarán al Poder Judicial para acelerar las órdenes de lanzamiento en favor de los estudiantes. Finalmente, el Ministerio de Educación fijó el compromiso de construir 500 escuelas anuales y alcanzar 3.000 nuevos planteles durante el quinquenio de la presidenta Keiko Fujimori.
¿Cuáles son las acciones legales y las medidas dispuestas para la recuperación de los predios?
Frente a las invasiones reportadas en los 72 colegios de la capital, el Ministerio de Educación impulsará las ejecuciones de desalojo acumuladas ante las instancias judiciales. En el caso de la I.E. Miguel Grau de Villa María del Triunfo, la magistratura determinó la nulidad absoluta del contrato de concesión con la empresa Zalia S.A.C., dejando expedita la vía para la restitución del terreno de 3.500 metros cuadrados.
Asimismo, las procuradurías de las distintas UGEL deberán hacer efectivas las notificaciones de desalojo contra la firma Inversiones Whitman y demás posesionarios en distritos como Villa El Salvador y Chorrillos. Las autoridades del sector precisaron que solicitarán el auxilio de la fuerza pública para concretar los lanzamientos pendientes y garantizar la seguridad perimétrica de los planteles recuperados.