Hermano de premier Luis Arroyo Sánchez obtuvo contrato en el IPD
Jaime Arroyo Sánchez, hermano del premier Luis Arroyo, fue contratado por S/ 6,000 en el IPD sin experiencia previa en el sector público
La contratación de Jaime Desposorio Arroyo Sánchez, hermano mayor del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, ha generado cuestionamientos en el sector público. A sus 72 años de edad, el familiar del primer ministro fue beneficiado con una orden de servicio dentro del Instituto Peruano del Deporte (IPD), organismo descentralizado que se encuentra adscrito a la estructura del Poder Ejecutivo con la que trabaja de manera cotidiana el propio Gabinete ministerial. La posición otorgada a Jaime Arroyo Sánchez especificaba la función de brindar apoyo en campo para los programas y eventos deportivos a cargo de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, área competente en la masificación del deporte nacional.
El historial administrativo del contratado revela una escasa trayectoria en el ámbito de las compras estatales. En las bases de datos de proveedores del Estado, el único antecedente del hermano del premier data del año 2017, cuando prestó el servicio de custodia y vigilancia de obras para la Municipalidad Provincial de Ascope, en la región La Libertad. Tras permanecer casi 10 años al margen del sector público, el ciudadano reactivó sus trámites administrativos en el presente año. De igual manera, en las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por Luis Arroyo Sánchez al asumir los cargos de ministro de Defensa y posteriormente titular de la PCM, se detallaba expresamente que su hermano no registraba ningún centro de trabajo, ocupación o profesión conocida, dejando el casillero en la opción "no aplica".
¿Cómo se tramitó la orden de servicio en favor del hermano del primer ministro?
El procedimiento de contratación muestra una secuencia de fechas que ha llamado la atención de los organismos de fiscalización. El 5 de mayo de 2026, Jaime Desposorio Arroyo Sánchez obtuvo su inscripción formal en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). En el mismo mes de mayo, el Instituto Peruano del Deporte extendió una invitación directa al contratado para sumarse a las actividades de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, formalizándose la orden de servicio el 27 de mayo de 2026 con un presupuesto asignado de 6 mil soles.
Especialistas en derecho administrativo y contrataciones públicas indicaron que las normas vigentes prohíben expresamente que los ministros contraten a sus parientes en el sector que encabezan, aunque el marco regulatorio no fija la misma prohibición estricta cuando la contratación ocurre en otras entidades del Estado, salvo que se demuestre la existencia de alguna injerencia política. Ante este escenario, los expertos advirtieron que la institución deberá explicar formalmente cuáles fueron los criterios técnicos aplicados para seleccionar a un ciudadano con un RNP de reciente emisión y cuya experiencia previa resultaba ajena a los requerimientos propios de la promoción deportiva estatal.
¿Qué respuestas oficiales entregó el Ejecutivo y qué acciones se ejecutarán?
Durante la búsqueda de descargos realizada por los equipos de prensa en las localidades de Ascope y Trujillo, las personas vinculadas al entorno familiar del contratado evitaron brindar declaraciones sobre los términos del servicio prestado. Sin embargo, en la provincia de Ascope, se cuenta con registros visuales donde Jaime Arroyo Sánchez figuraba acompañando de cerca a las autoridades locales durante las visitas oficiales y protocolares del premier Luis Arroyo Sánchez.
Ante los requerimientos periodísticos, el área de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros remitió un comunicado oficial aclarando la postura de Luis Arroyo Sánchez. Según el mensaje oficial de la PCM, el titular del Gabinete conoció la existencia del contrato de su hermano mayor únicamente a raíz de las preguntas enviadas por los medios de comunicación. Asimismo, la institución informó que Jaime Arroyo Sánchez percibió un primer pago por el monto de 3 mil soles luego de entregar el primer informe correspondiente a sus actividades, decidiendo posteriormente desistir de su relación contractual con la entidad deportiva. Los analistas del sector precisaron que el Órgano de Control Institucional (OCI) del IPD deberá iniciar de oficio las investigaciones preliminares para auditar la convocatoria, los términos de referencia y el cumplimiento del expediente administrativo.