Gobierno aprueba defensa legal de José Jerí
La medida fue adoptada por el Despacho Presidencial bajo la Ley del Servicio Civil y contempla la obligación de reembolso si se determina responsabilidad penal.
El Gobierno autorizó que el Estado asuma la defensa legal de José Jerí en una investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado. La decisión fue formalizada mediante una resolución emitida por el Despacho Presidencial.
La autorización fue declarada procedente por la Subsecretaría General del Despacho Presidencial, luego de evaluar la solicitud presentada por José Jerí tras ser incluido como investigado por la Fiscalía de la Nación.
¿Por qué se autorizó la defensa legal?
La medida se oficializó a través de la Resolución N.º 000005-2026-DP/SSG, emitida el 4 de febrero de 2026. El documento aprueba el otorgamiento del beneficio de defensa y asesoría legal financiada por el Estado.
La resolución se sustenta en la Ley del Servicio Civil, que reconoce el derecho de los servidores públicos a contar con defensa legal por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
El beneficio fue concedido exclusivamente para la etapa de investigación preliminar ante el Ministerio Público.
¿En qué consiste la investigación fiscal?
La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra José Jerí, identificada como Carpeta Fiscal N.º 15-2026. El proceso se encuentra en etapa inicial.
Los delitos investigados son patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado, ambos tipificados en el Código Penal. Según la resolución, los hechos se investigan en agravio del Estado.
La autorización de la defensa no implica pronunciamiento sobre el fondo del caso. El proceso fiscal continúa su curso regular.
¿Qué normas respaldan la decisión?
La resolución cita el literal l) del artículo 35 de la Ley N.º 30057, que establece el derecho a defensa y asesoría legal para servidores y ex servidores civiles.
También se invoca el Decreto Supremo N.º 040-2014-PCM, reglamento de la Ley del Servicio Civil, así como la Directiva N.º 004-2015-SERVIR-GPGSC.
Estas normas regulan el acceso al beneficio de defensa legal en procesos judiciales, administrativos o investigaciones preliminares.
¿Quién cubre los costos de la defensa?
El documento establece que los costos de la defensa legal serán cubiertos con cargo al presupuesto institucional del Despacho Presidencial.
La cobertura está sujeta a la disponibilidad presupuestal de la entidad. La resolución precisa que no se demandarán recursos adicionales al Tesoro Público.
Asimismo, se estipula que el beneficiario deberá reembolsar los gastos si al concluir el proceso se determina su responsabilidad penal.
¿Cómo fue evaluada la solicitud?
La solicitud de José Jerí fue presentada el 29 de enero de 2026 y evaluada por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial.
Mediante el Informe Legal N.º 000015-2026-DP/OGAJ, dicha oficina emitió una opinión favorable sobre la procedencia del pedido.
El análisis concluyó que la solicitud cumplía con los requisitos exigidos por la normativa vigente y que no existían causales de improcedencia.
¿Qué disposiciones adicionales establece la resolución?
La resolución ordena a la Oficina General de Administración realizar las gestiones necesarias para la contratación del servicio de defensa legal.
También dispone la elaboración de un informe anual de evaluación del servicio contratado. Estas acciones forman parte del control administrativo del beneficio.
Además, se establece que la Oficina de Gestión Documental debe notificar la resolución al beneficiario en un plazo de un día hábil.
¿Qué se dispuso sobre la publicación del documento?
El Despacho Presidencial ordenó que la resolución sea publicada en su Portal Institucional dentro de un día hábil desde su emisión.
Esta disposición busca garantizar la transparencia del procedimiento administrativo. La resolución fue firmada digitalmente por el subsecretario general Luis Álvaro Solórzano Yábar.
La publicación formaliza la vigencia del beneficio otorgado a José Jerí en el marco de la investigación fiscal en curso.
El Gobierno autorizó que el Estado cubra la defensa legal de José Jerí en una investigación preliminar por presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado. La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.º 000005-2026-DP/SSG, emitida el 4 de febrero de 2026 por el Despacho Presidencial. El beneficio se sustenta en la Ley del Servicio Civil y aplica solo a la etapa preliminar. La cobertura está sujeta a disponibilidad presupuestal y contempla la obligación de reembolso si se determina responsabilidad penal.