Fiscalía investiga a Santiváñez por favorecer a Nicanor Boluarte

La Fiscalía de la Nación ha abierto una nueva investigación contra el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, por presuntamente liderar una organización criminal desde su paso por el Ministerio del Interior. Según la tesis fiscal, Santiváñez habría favorecido laboralmente a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, para evitar un pedido de prisión preventiva en su contra.

El caso plantea serias implicancias políticas para el Gobierno, ya que involucra directamente a un alto funcionario en funciones y al entorno familiar de la mandataria. Las presuntas acciones ilegales habrían sido ejecutadas entre mayo y diciembre del 2024.

¿Por qué se investiga a Juan José Santiváñez?

La Fiscalía sostiene que Santiváñez, mientras fue ministro del Interior, habría conformado una organización criminal con fines económicos. Esta red, según la investigación, operaba mediante intermediarios que evitaban dejar evidencia directa de su participación.

Uno de los hechos investigados es su presunta intervención para beneficiar al abogado Percy Tenorio, asignándole la defensa de generales policiales investigados por su rol en las protestas de 2022. El Ministerio del Interior habría destinado un millón de soles para este fin.

También se le atribuye haber favorecido laboralmente a Nicanor Boluarte, asegurándole un puesto de consultor en una mina recuperada tras un operativo policial, lo que habría buscado dotarlo de arraigo laboral ante un eventual proceso judicial.

¿Qué otros hechos complican su situación legal?

Además del caso de los generales y el vínculo con Nicanor Boluarte, se investigan presuntos cobros indebidos para mantener en sus cargos a altos mandos policiales. En una llamada registrada, Santiváñez habría solicitado pagos de 20 mil dólares para mantener a un general en su puesto.

Otro punto clave es la recuperación de una mina en Ayacucho. Se acusa a la red de haber cobrado 160 mil dólares al empresario minero Franco Parodi por facilitar un operativo y regularizar trámites en la Dirección Regional de Minería. Como parte del acuerdo, Nicanor Boluarte habría sido incorporado como consultor.

Finalmente, se señala que Percy Tenorio habría guardado documentos pertenecientes a Santiváñez, los cuales podrían ser prueba de más irregularidades cometidas durante su gestión.

¿Qué consecuencias políticas podría tener esta investigación?

El caso tiene un alto impacto político, ya que afecta directamente a un ministro en ejercicio y plantea un posible uso del aparato estatal en beneficio de un familiar presidencial. La implicancia de Nicanor Boluarte vuelve a colocar en el centro del debate la cercanía del Ejecutivo con presuntos actos de corrupción.

Además, este proceso podría debilitar la imagen institucional del Ministerio de Justicia y aumentar la presión sobre la presidenta Dina Boluarte. Mientras tanto, la permanencia de Santiváñez en el Gabinete genera tensión política y cuestionamientos sobre su continuidad.

El desarrollo de esta investigación será clave para definir la estabilidad política del Gobierno en los próximos meses.