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28.08.2019

Fiscalía evalúa investigar a Vizcarra por Chinchero: claves para entender el caso

Martín Vizcarra, presidente de la República. Foto: Presidencia

La fiscal Zoila Sueno Chirinos elaboró un documento que compromete al presidente y podría reabir el caso Chinchero

El presidente de la República, Martín Vizcarra, está a punto de volver a ser investigado por un caso que lo persigue desde hace algunos años, cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones: la construcción del aeropuerto de Chinchero.

Nuevas diligencias han abierto la posibilidad de la reapertura del caso que había sido archivado en lo referente a Vizcarra apenas en febrero de 2018 por falta de pruebas. Estas son las claves para entender este hecho.

1. Una nueva indagación 

El diario El Comercio informó este miércoles que un documento sobre la nueva y reciente investigación del caso Chinchero y que implica a Vizcarra, que estuvo a cargo de la fiscal Zoila Sueno Chirinos, fue admitido por el Ministerio Público.

Este deberá ser elevado al despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y se determinará si su contenido representa nuevos hechos de convicción en contra del mandatario. 

La primera investigación fue impulsada por el procurador Amado Enco, quien en marzo de 2017 pidió ampliar la investigación en contra de Vizcarra y otros implicados. Consideraba que la adenda era perniciosa para el Estado y que el contrato había sido desnaturalizado. 

2. La sombra de Chinchero

La construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, es una obra pendiente desde hace varios años. La discusión e hipótesis fiscal tiene que ver con que hubo un "acto colusorio" en beneficio del consorcio constructor, Kuntur Wasi.

Pero este beneficio no se habría dado a través de la firma del contrato, sino con una adenda que le iba a costar al Estado más de 40 millones de dólares a favor del consorcio. 

El Gobierno del expresidente PPK firmó la adenda en febrero de 2017 y prometió que corregiría los puntos poco claros que en ella se estipulaban. El ministro de Transportes era Vizcarra Cornejo. 

3. La interpelación a Vizcarra y documentos clave

Debido a este hecho, el Congreso interpeló al entonces titular del MTC en mayo de 2017, donde respondió un pliego de 83 preguntas. Meses atrás, la Fiscalía ya había iniciado una investigación por las presuntas irregularidades en la adenda.

La posición de Vizcarra siempre fue la de la defensa de la adenda y aseguró que era un salvador del contrato "lesivo" que se había firmado durante el gobierno humalista para dar luz verde al proyecto.

4. Nuevos elementos que podrían ser clave

En la nueva indagación realizada por la fiscal Sueno, se ha encontrado que en la computadora personal de José Balta del Río, el gerente general de Kuntur, se encontró documentos vinculados a la investigación que se le seguía a Vizcarra por colusión y negociación incompatible, en este caso.

Además, en este peritaje de la laptop también se encontró el pliego interpelatorio con preguntas y respuestas que el entonces ministro debía dar al Parlamento con la explicación sobre la adenda.

Por otro lado, se encontraron dos proyectos del Banco de Desarrollo de América Latina que el MTC pidió para acabar con la controversia con Kuntur. El pago por el trabajo fue de 45 mil dólares, informa El Comercio.

La fiscal Sueno también halló un proyecto de adenda 1 al contrato de Chinchero que se escribió el 3 de enero de 2017 y que no tenía firma alguna. Todos estos elementos son incluidos en los resultados de la indagación.

5. ¿Vizcarra puede ir al banquillo de los investigados?

Según el penalista Rafael Chanjan, el presidente durante el ejercicio de su cargo, no puede ser acusado ni investigado, pero sí es posible que se le abra una indagación previa, una suerte de averiguaciones que tengan que ver con el caso.

La Constitución Política, en su artículo 117 señala que el presidente solo puede ser acusado "por traición a la patria, por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales", según se lee.

Además, puede ser acusado por disolver el Congreso y por impedir su reunión o funcionamiento o los del JNE y otros organismos electorales.

 Al respecto, la fiscal de la Nación tendría que decidir si le abre la indagatoria durante su gestión o si es que espera a que concluya su mandato para iniciar el proceso, de encontrarse y aprobarse los nuevos elementos.

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