Fiscalía denuncia a Quero por incitación a la discriminación
La exministra Ángela Hernández también fue denunciada por respaldar declaraciones del ministro sobre abusos sexuales en Amazonas
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el ministro de Educación, Morgan Quero, ante el Congreso. El motivo: sus declaraciones sobre los abusos sexuales cometidos contra niñas indígenas en Condorcanqui, Amazonas. También fue denunciada la exministra Ángela Hernández, por respaldar públicamente esas afirmaciones.
Este caso ha generado fuerte rechazo en organizaciones sociales, comunidades indígenas y sectores defensores de derechos humanos.
¿Qué dijo exactamente Morgan Quero?
En junio del año pasado, Morgan Quero fue consultado sobre las denuncias de abuso sexual por parte de docentes en comunidades awajún y wampis. Su respuesta fue que se evaluaría “algún tipo de solución”, incluso “si es una práctica cultural”.
Estas palabras, pronunciadas ante medios nacionales, fueron vistas como una forma de justificar o minimizar la violencia sexual bajo el argumento de costumbres culturales. La declaración generó rechazo inmediato en redes sociales y en colectivos de derechos humanos.
¿Por qué también denunciaron a Ángela Hernández?
En lugar de rechazar lo dicho por su colega del gabinete, la entonces ministra de la Mujer, Ángela Hernández, respaldó las declaraciones. Afirmó que los casos de abuso eran “prácticas culturales que debemos desterrar”.
Para la Fiscalía, este tipo de pronunciamientos legitiman la exclusión y desvalorización de las víctimas, quienes son niñas indígenas vulnerables. Por eso, decidió incluir a Hernández en la denuncia presentada al Congreso.
¿Qué consecuencias podría tener esta denuncia?
Al ser una denuncia constitucional, ahora le corresponde al Congreso decidir si la admite a trámite. De ser aceptada, se evaluará en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que podría derivar en sanciones políticas o incluso inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El caso ha encendido el debate sobre cómo los funcionarios del Estado deben expresarse frente a hechos de violencia, especialmente cuando afectan a poblaciones históricamente marginadas.