Exministros denuncian quiebre legal por compra de aviones
Carlos Díaz y Hugo de Zela señalaron que el presidente José María Balcázar incumple acuerdos de seguridad nacional al frenar la adquisición de aviones F-16 a Estados Unidos.
En una conferencia de prensa tras oficializar sus renuncias, los exministros Carlos Díaz (Defensa) y Hugo de Zela (Relaciones Exteriores) explicaron los motivos técnicos y legales de su alejamiento del gabinete. Ambos exfuncionarios coincidieron en que la decisión del presidente José María Balcázar de paralizar la compra de 24 aviones F-16 a Estados Unidos carece de sustento jurídico. Según indicó Carlos Díaz, su gestión se limitó a validar el marco de la legalidad frente a los discursos políticos.
El exministro de Defensa reveló que el proceso de adquisición ya contaba con un contrato firmado y que los plazos legales obligaban a cumplir con el primer pago. Según señaló Díaz, el presidente Balcázar emitió opiniones políticas en prensa, pero nunca envió un acto jurídico que anulara el Decreto Supremo que autorizaba la compra. La discrepancia radica en que el mandatario busca postergar la inversión de 3500 millones de dólares para el próximo gobierno.
Por su parte, Hugo de Zela expresó su preocupación por la pérdida de credibilidad del Perú ante la comunidad internacional al incumplir una obligación contractual. Según indicó el excanciller, el país había establecido una alianza estratégica con Estados Unidos que incluía beneficios en aranceles y la promoción de inversiones. De Zela advirtió que no cumplir con la palabra empeñada hace imposible desarrollar adecuadamente la tarea diplomática del país.
¿Qué consecuencias legales enfrentaría el Estado peruano?
Carlos Díaz fue enfático al señalar que los funcionarios públicos responden ante órganos de control como la Contraloría y la Fiscalía, y no ante discursos políticos. Según informó el exministro, el proceso de compra de los aviones F-16 fue revisado por la Contraloría y se basó en acuerdos del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Díaz advirtió que paralizar un procedimiento de selección de palabra podría traer responsabilidades penales para los involucrados.
El ex titular de Defensa explicó que el contrato por el primer lote de 12 aviones ya tiene un vínculo legal directo tras haberse otorgado la buena pro el pasado 14 de abril. Según indicó, el incumplimiento del pago programado para coloca al Estado en una situación de vulnerabilidad jurídica frente a la empresa proveedora. Además, resaltó que Estados Unidos había dado preferencia al Perú en costos y tiempos de producción debido a la alta demanda global de armamento.
En la conferencia, se detalló que el presupuesto para la compra está respaldado por leyes de endeudamiento de los años 2025 y 2026. Según señaló Carlos Díaz, la cobertura presupuestal ya existe y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene la solicitud para ejecutar el gasto. Sin embargo, el desembolso se encuentra paralizado por decisión directa del Despacho Presidencial, a pesar de existir un marco normativo que obliga a su cumplimiento.
¿Cuál es el trasfondo geopolítico de la compra de los F-16?
Hugo de Zela explicó que la adquisición de los aviones F-16 no es un hecho aislado, sino parte de una visión estratégica para insertar al Perú en el mundo occidental. Según indicó el excanciller, el país mantiene una alianza económica con China, pero la alianza con Estados Unidos privilegia valores comunes y ventajas estratégicas de largo plazo. El giro del presidente Balcázar afectaría proyectos como la base espacial de Talara y la atracción de nuevas inversiones.
El exministro de Relaciones Exteriores calificó que la situación trasciende el aspecto militar para convertirse en un conflicto geopolítico. Según señaló, el escenario internacional actual presenta una enorme rivalidad entre potencias, y el Perú debe mantener una palabra creíble para sus socios. De Zela reiteró que su renuncia responde a que no puede representar a un país que no cumple con sus compromisos internacionales firmados.
Finalmente, Carlos Díaz mencionó que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, integrado por diez miembros, ya había tomado la decisión de compra como una política de Estado. Según indicó, el presidente Balcázar, al presidir dicho comité, tiene la función legal de hacer cumplir sus acuerdos. Las declaraciones de los exministros dejan en evidencia una crisis profunda en el Ejecutivo por el manejo de las adquisiciones estratégicas y el respeto a la normativa vigente.