Excontralor pide transparentar S/900 mil en oficina de Santiváñez
Fuad Khoury pide al gobierno que revele qué resultados está entregando esa oficina y su legitimidad frente a la ley tras revelación periodística de Cuarto Poder.
¿Por qué preocupa el gasto en la oficina de Juan José Santiváñez?
Fuad Khoury, excontralor de la República, afirmó que el Gobierno debe responder ante todos los peruanos por el gasto de casi S/900 mil anuales solo en planillas de la oficina de Juan José Santiváñez, ubicada en Palacio de Gobierno. Durante una entrevista en el programa Cuentas Claras de América Noticias, Khoury dijo que no se trata solo de números, sino de saber qué resultados obtiene esa oficina y cuál es su rentabilidad social.
“Tenemos derecho a saber qué hace esta oficina y por qué justifica ese presupuesto. No hay claridad, no hay rendición de cuentas”, señaló. En su opinión, es fundamental que el Ejecutivo detalle las funciones de ese despacho y explique por qué necesita ese nivel de personal y remuneraciones tan altas.
¿Qué reveló el reportaje sobre la oficina de Santiváñez?
Según el reportaje emitido por Cuarto Poder, la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, dirigida por Santiváñez, fue creada durante el gobierno de Dina Boluarte y cuenta con una estructura poco usual. El equipo incluye especialistas que ganan S/11,970 mensuales, analistas con sueldos de S/7,135, y una secretaria y asistente con salarios de S/4 mil y S/3 mil, respectivamente. A esto se suma un asesor FAG, con un sueldo mayor a S/15 mil.
Khoury cuestionó que una estructura tan costosa haya sido formada sin que se conozca el objetivo concreto de sus actividades. “Tiene que haber una explicación sobre qué hace esta oficina, qué monitorea, a quién reporta y qué beneficios entrega al país”, señaló.
¿Qué dijo Khoury sobre las visitas de alcaldes?
Uno de los aspectos más sensibles revelados en el reportaje es que varios alcaldes han visitado la oficina de Santiváñez y luego han sido incluidos en un proyecto de ley que asigna más de S/636 millones a gobiernos locales. Para Khoury, esto genera una sospecha legítima de clientelismo político, que debe ser aclarada por el Ejecutivo.
“¿Qué tipo de coordinaciones se hacen allí? ¿Por qué esos alcaldes aparecen luego beneficiados? No basta con decir que todo es transparente. Se debe mostrar documentos, procedimientos, resultados”, declaró el excontralor.
¿Qué relación tiene esto con la corrupción y la inseguridad?
Khoury también abordó la relación directa entre corrupción e inseguridad ciudadana, señalando que la impunidad en casos de mal uso de fondos públicos permite que se consoliden redes criminales en distintas regiones. “La corrupción es rentable porque no hay sanción. Eso alimenta al crimen organizado, al narcotráfico, a la minería ilegal”, afirmó.
Resaltó que según las últimas encuestas, tanto la corrupción como la inseguridad son los principales problemas para los peruanos. “La gente está harta de que nadie pague por nada. La desconfianza está en todos los niveles del Estado”, añadió.
¿Qué pasa con la nueva directiva que autoriza regalos a la presidenta?
Khoury también se refirió con dureza a la directiva aprobada por el despacho presidencial que permite a Dina Boluarte y sus funcionarios recibir regalos, donaciones y beneficios sin límite de valor. Aseguró que esta norma contradice el Código de Ética del Funcionario Público y va en contra de toda política moderna de integridad estatal.
“En ningún país serio se permite esto. No se pueden aceptar regalos sin control ni tope. Así empieza la corrupción”, declaró. Recordó que en el sector privado existen límites y procedimientos claros para declarar obsequios, y que el sector público debe ser aún más estricto.
¿Por qué esta norma es considerada riesgosa?
Khoury explicó que el artículo 8 de la directiva prohíbe los regalos, pero el artículo 11 crea múltiples excepciones, muchas de ellas vagas. Se permite recibir obsequios por aniversarios, logros personales, visitas institucionales, o como “costumbre cultural”, sin fijar un valor máximo ni exigir registro obligatorio.
“Con esa ambigüedad, cualquiera puede entregar un regalo valioso, y nadie podrá cuestionarlo. ¿Dónde está el control?”, cuestionó el excontralor. Agregó que la medida debilita gravemente la imagen presidencial, ya afectada por investigaciones como el caso Rolex o las cirugías gratuitas.
¿Se vulneran leyes con esta directiva?
El excontralor fue enfático: aunque se trate de una directiva interna, no puede estar por encima de leyes vigentes que promueven la transparencia. “Esto contradice la ley de gestión de intereses y el propio Código de Ética. Es ilegal, aunque la quieran maquillar como un procedimiento administrativo”, sentenció.
También cuestionó que se haya aprobado en menos de 24 horas, con participación del mismo equipo que gestionó el aumento de sueldo de la mandataria. “Hay una red de confianza que toma decisiones sin mayor filtro, y eso es muy peligroso para la democracia”, advirtió.
¿Qué espera que haga el gobierno?
Khoury dijo que el primer paso es corregir de inmediato la norma sobre los regalos, pero también exigió transparencia total sobre la oficina de Santiváñez. “No se trata de atacar personas. Se trata de explicar a los ciudadanos qué se hace con su dinero”, sostuvo.
Propuso que se publiquen informes detallados de las actividades de dicha oficina, que se justifiquen los sueldos y que se investigue si hubo beneficios indebidos a los alcaldes que visitaron el despacho. “No se puede gobernar con opacidad, y mucho menos cuando hay crisis de confianza”, señaló.
¿Qué consecuencias puede tener esta falta de control?
Khoury alertó que si no se corrigen estos errores, se sentará un precedente que puede extenderse a todo el Estado. “Los funcionarios de otros niveles van a pedir los mismos beneficios. Y eso destruye cualquier política anticorrupción”, dijo.
Además, advirtió que en contextos preelectorales, este tipo de prácticas pueden abrir la puerta al ingreso de redes ilegales en la política local. “Ya lo hemos visto antes. Si no se actúa ahora, después será demasiado tarde”, advirtió.
Fuad Khoury advirtió que la creación de la oficina de Santiváñez en Palacio, con un presupuesto de casi S/900 mil, y la aprobación de una directiva que autoriza regalos sin tope a la presidenta, representan un grave retroceso en transparencia. Exigió al Ejecutivo justificar públicamente el uso de fondos y corregir las normas que facilitan la opacidad. Señaló que la corrupción sigue siendo rentable en el Perú porque no hay sanciones, y que esa impunidad alimenta la inseguridad y el avance de redes criminales.