Ejecutivo podrá legislar 60 días tras delegación del Congreso
La ley autoriza cambios en seguridad, economía y fortalecimiento estatal. También exige al Ejecutivo reportar al Congreso los avances en cada decreto dentro del plazo establecido de implementación.
El Congreso publicó el 15 de diciembre de 2025 la Ley 32527, que permite al Ejecutivo legislar por 60 días calendario. La norma fue oficializada en El Peruano y establece tres ejes principales: seguridad ciudadana, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.
La ley detalla un listado de materias específicas sobre las cuales el Ejecutivo puede emitir decretos legislativos. Estas facultades se otorgan dentro de los límites de la Constitución y del Reglamento del Congreso.
¿Qué implica que el Congreso delegue facultades al Ejecutivo?
Significa que el Poder Legislativo autoriza al Ejecutivo a dictar normas con rango de ley en áreas definidas. En este caso, se trata de medidas vinculadas a seguridad, economía e institucionalidad.
El plazo es de 60 días y las acciones deben respetar derechos fundamentales.
El Ejecutivo debe rendir cuentas ante la Comisión de Constitución del Congreso sobre los avances de cada decreto legislativo emitido en ese periodo.
¿Qué temas de seguridad podrá abordar el Ejecutivo?
El Ejecutivo podrá modificar el Código Penal y otras normas para enfrentar delitos como extorsión, sicariato, secuestro y minería ilegal. También podrá crear un subsistema contra la extorsión y autorizar intervenciones en equipos móviles en casos de flagrancia.
Además, se permitirán cambios en el régimen penitenciario, como una etapa de máxima seguridad y restricciones para beneficios en delitos graves.
¿Habrá cambios en leyes sobre libertad de prensa?
Sí. La ley permite incorporar como delito la revelación de información reservada en investigaciones penales y policiales. Sin embargo, se indica que se garantizará la libertad de información, la libertad de prensa y el secreto profesional en estos casos.
Este punto busca establecer límites para la difusión de datos sensibles sin afectar derechos fundamentales.
¿Qué medidas están previstas para migración y refugio?
Se permitirá modificar la Ley del Refugiado y otras normas migratorias para evitar el uso indebido de estas figuras por parte de personas extranjeras. Se incluyen registros biométricos y validaciones con organismos internacionales como Interpol.
También se habilita verificar antecedentes para quienes accedan al sistema financiero en el Perú.
¿Cómo impactará en la economía y las inversiones?
La norma autoriza al Ejecutivo a hacer cambios tributarios, aduaneros y de contratación pública para mejorar la inversión privada.
Se permitirá reformar el régimen de Asociaciones Público Privadas y establecer mecanismos para liberar terrenos en bloque para obras públicas.
También se contemplan medidas para fortalecer el control del fraude aduanero y facilitar proyectos de infraestructura hidráulica y cultural.
¿Qué otras reformas económicas están incluidas?
Entre las facultades otorgadas, figura la posibilidad de modificar el Código de Protección al Consumidor para sancionar prácticas comerciales en línea que limiten la libertad de elección.
También se podrán dictar normas sobre propiedad intelectual, internet y observancia de derechos digitales.
Además, se incluirán disposiciones para el seguimiento financiero de delitos como lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Qué entidades nuevas podrían crearse?
El Ejecutivo podrá crear la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, así como la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR).
Estas entidades estarán a cargo del sistema de reinserción social y defensa legal de personas sin recursos.
También se autoriza modificar normas sobre innovación pública, sanidad agraria y gobernanza en ciencia y tecnología.
¿Cómo se supervisará la implementación de estas medidas?
Cada ministerio deberá informar al Congreso sobre el estado de aplicación de los decretos legislativos. Este reporte es obligatorio y debe presentarse por escrito dentro del plazo de 60 días desde la emisión de cada norma.
La ley también establece que las disposiciones emitidas no pueden vulnerar derechos fundamentales ni afectar competencias del Parlamento u organismos autónomos.
El Congreso oficializó la Ley 32527 que otorga al Ejecutivo facultades para legislar por 60 días. La norma cubre reformas en seguridad ciudadana, economía y fortalecimiento institucional. Se incluyen medidas contra el crimen organizado, cambios migratorios, penales y tributarios, así como la creación de nuevas entidades públicas. El Ejecutivo deberá respetar los límites constitucionales y rendir informes a la Comisión de Constitución del Congreso. Las medidas no podrán afectar derechos fundamentales ni incidir sobre procesos judiciales. La publicación se realizó en El Peruano el 15 de diciembre de 2025 y rige desde esa fecha.