Dudas sobre nuevo delito de revelación de información reservada
El texto final del decreto legislativo aún no ha sido publicado, por lo que persisten interrogantes sobre su alcance exacto y posibles implicancias para el trabajo de periodistas y medios.
El nuevo delito de revelación de información reservada, incluido en las facultades delegadas al Ejecutivo, ha generado debate sobre su alcance. Aunque la norma está dirigida a funcionarios públicos, penalistas y especialistas en libertad de prensa señalan que su aplicación podría afectar el trabajo periodístico si no se precisan límites claros.
El decreto aún no ha sido publicado, por lo que existen dudas sobre su redacción final. Algunos sectores piden que se excluya de forma expresa a periodistas y medios de toda responsabilidad penal al difundir información de interés público.
¿A quiénes está dirigido el nuevo delito?
Según el Ejecutivo, el nuevo tipo penal busca sancionar a servidores públicos que filtren información confidencial relacionada con investigaciones fiscales o intervenciones policiales. El objetivo es proteger procesos en curso y evitar interferencias externas.
La sanción prevista es la inhabilitación para ejercer cargos públicos, en caso de comprobarse que la persona difundió datos clasificados en contexto judicial o policial.
¿Los periodistas podrían ser implicados?
El abogado penalista Roberto Pereira señaló que la norma podría usarse para considerar a periodistas como cómplices, si se interpreta que estos actuaron como vehículo para la publicación de información reservada.
En su opinión, el texto debe establecer de forma explícita que la difusión periodística está exenta de responsabilidad penal, con el fin de garantizar el derecho a informar y a recibir información de interés público.
¿Qué dice el Congreso sobre la libertad de prensa?
El congresista Jorge Montoya aseguró que la norma no afecta a los medios de comunicación, ya que está diseñada exclusivamente para castigar a quienes, desde una posición pública, incumplen el deber de reserva.
“Esto es para las autoridades del Estado, no para la prensa. No hay ningún riesgo para la libertad de expresión”, declaró en entrevista con Canal N. También reconoció que toda norma puede tener problemas de aplicación que deben ser evaluados en la práctica.
¿Qué otros riesgos han sido identificados?
Pereira advirtió que los periodistas podrían ser convocados como testigos en procesos judiciales vinculados a este tipo penal. En ese escenario, podrían ser presionados para revelar sus fuentes, lo que vulneraría el principio del secreto profesional.
Este riesgo se acentúa si el texto no delimita de forma clara el rol del periodista frente a la información proveniente de fuentes oficiales.
¿Qué facultades tiene el Ejecutivo para legislar en esta materia?
La Ley 32527, publicada el 15 de diciembre, otorga al Ejecutivo facultades para legislar por 60 días en materias como seguridad ciudadana, economía y fortalecimiento institucional.
Dentro del eje penal, se autoriza la modificación del Código Penal para enfrentar delitos como extorsión, sicariato, secuestro, minería ilegal y otros. El nuevo delito de revelación de información reservada forma parte de estas modificaciones.
¿Qué debe incluir el decreto para evitar problemas?
Los expertos recomiendan que el decreto incluya una cláusula expresa que excluya de responsabilidad a periodistas y medios, cuando actúen en ejercicio legítimo de su función informativa.
Esta aclaración evitaría interpretaciones que comprometan la libertad de prensa o que generen procesos penales contra quienes difundan información relevante para el debate público.
¿Qué control tendrá el Congreso sobre estos cambios?
El Ejecutivo está obligado a informar por escrito a la Comisión de Constitución sobre los avances de cada decreto legislativo emitido. Este reporte debe presentarse dentro del plazo de 60 días calendario.
Además, la ley prohíbe que estas normas afecten derechos fundamentales, interfieran en procesos judiciales en curso o invadan competencias de otras entidades del Estado.
El nuevo delito de revelación de información reservada, autorizado dentro de las facultades delegadas al Ejecutivo, ha generado preocupación por su posible impacto en la labor periodística. Aunque la norma está dirigida a funcionarios públicos, especialistas advierten que podría aplicarse contra periodistas si no se excluyen expresamente del ámbito penal. El Ejecutivo aún no publica el texto del decreto. La ley 32527 exige que no se vulneren derechos fundamentales ni se comprometa la libertad de prensa. El Congreso recibirá un informe sobre la implementación de los decretos legislativos dentro de los 60 días posteriores a su publicación oficial.