Domingo Pérez pide suspender a jefe de control de Fiscalía

El fiscal José Domingo Pérez solicitó formalmente la suspensión del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, por presuntos vínculos con una organización criminal. En el documento remitido a la Fiscalía de la Nación, Pérez argumenta que la medida busca garantizar la eficacia del proceso penal y evitar que Fernández Jerí continúe obstruyendo investigaciones en curso.

La solicitud se ampara en el artículo 298.1.b del Código Procesal Penal, que permite la aplicación de medidas cautelares como la suspensión temporal de funciones. El fiscal sostiene que Fernández Jerí habría intervenido para favorecer a Patricia Benavides y otros investigados, configurando un patrón de reiteración delictiva dentro del Ministerio Público.

¿Qué cargos se le atribuyen a Fernández Jerí?

Juan Antonio Fernández Jerí es señalado por el presunto delito de cohecho pasivo específico, vinculado a su gestión como jefe de la Autoridad de Control. Además, Pérez lo implica como parte activa de una red encabezada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que habría usado su posición para manipular investigaciones y beneficiar a aliados políticos y judiciales.

En el mismo pedido, José Domingo Pérez sostiene que la permanencia de Fernández Jerí en su cargo representa un riesgo real para el avance de las pesquisas. A su criterio, la red no solo sigue operando dentro del Ministerio Público, sino que estaría usando los mecanismos de control interno para encubrir delitos.

¿Quiénes más están implicados en esta red?

El documento menciona también a fiscales como Miguel Ángel Vegas Vacarro, Elmer Ríos Luque y Morena Mendoza Díaz, quienes presuntamente mantienen funciones y estarían involucrados en maniobras para proteger a miembros de "Los Cuellos Blancos del Puerto". Según Pérez, esta estructura habría sido usada para remover a fiscales incómodos, detener investigaciones y ejercer presión interna.

Dentro de los agraviados figuran los fiscales del equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba y el propio José Domingo Pérez. Ambos cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a los riesgos a su seguridad e integridad. La CIDH ha instado al Estado peruano a adoptar medidas urgentes para protegerlos.

¿Qué significa esta solicitud para la autonomía fiscal?

El pedido de suspensión refleja la tensión persistente dentro del Ministerio Público entre fiscales que denuncian presiones y sectores que buscan mantener el control institucional. Para Pérez, permitir que Fernández Jerí continúe en el cargo sería “contrario al interés de la investigación penal” y “una amenaza directa a la independencia fiscal”.

La figura de la reiteración delictiva es clave en su argumento. Según el fiscal, los delitos atribuidos a Benavides y sus presuntos aliados no han cesado, sino que persisten bajo nuevas formas dentro de la estructura fiscal. La suspensión sería, entonces, una medida preventiva para detener esa continuidad.

¿Cuál es el siguiente paso?

Aunque la solicitud no es vinculante, debe ser evaluada por la Fiscalía de la Nación y el área de denuncias constitucionales, que decidirán si la propuesta de Pérez procede. Si es aceptada, Fernández Jerí podría ser apartado del cargo mientras duren las investigaciones.

De ser rechazada, el fiscal podría apelar a otras instancias internas o incluso recurrir al Poder Judicial. En cualquier caso, la situación agrava la crisis institucional que afronta el Ministerio Público, en un contexto de cuestionamientos a su legitimidad y transparencia.

La resolución que se adopte marcará un precedente clave sobre los límites de poder dentro del órgano fiscal y la posibilidad de frenar presuntas redes delictivas operando desde el interior.