Desarticulan a red extorsiva tras detener a policía y a su madre
La Policía Nacional del Perú detuvo al suboficial Carlos Zárate Bayona y a su madre tras extorsionar a un comerciante en Tumbes, según reportó Domingo al Día
La Policía Nacional del Perú ejecutó la detención de un suboficial de tercera en actividad y de su madre, señalados como los responsables de extorsionar a un comerciante local en la región Tumbes a quien exigían el pago de 15 000 soles. De acuerdo con la información difundida por Domingo al Día, el agente policial utilizaba la fachada de mediador o garante de seguridad entre la víctima y los supuestos extorsionadores para exigir cobros en efectivo, mientras generaba en secreto los mensajes amenazantes e intimidaciones bajo la firma del grupo delictivo 'Los Malditos de Tumbes'.
El investigado fue identificado como Carlos Handerson Zárate Bayona, de 29 años, quien se desempeñaba en la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú en Tumbes. Las pesquisas fiscales y policiales establecieron que el suboficial cuenta con un expediente de 23 denuncias por diversos delitos, entre ellos tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, extorsión y violación sexual dentro de una dependencia policial en 2021, logrando además la detención de su madre, Yaditza de los Ángeles Bayona Albújar, de 49 años, por la posesión ilegal de un arma de fuego.
La espiral de intimidación contra el empresario tumbesino se inició el 15 de septiembre de 2025 mediante mensajes enviados desde un número telefónico con prefijo de Colombia. Ante el asedio constante, el comerciante tomó la decisión de abandonar su vivienda, suspender sus actividades comerciales y trasladarse junto a su familia a la clandestinidad durante casi un año para resguardar su integridad física ante las reiteradas advertencias de muerte dirigidas hacia su esposa e hijos.
¿Cómo operaba el policía acusado para extorsionar al comerciante?
El suboficial Carlos Handerson Zárate Bayona operaba mediante la simulación de negociaciones tras un atentado con explosivos perpetrado la madrugada del 6 de agosto de 2026 contra la vivienda del comerciante. En el lugar del ataque, los atacantes dejaron un manuscrito en el que exigían ubicar a un intermediario o "vago" para pactar el pago del cupo extorsivo, momento en el que el agente policial se presentó ante la víctima para ofrecer sus servicios de mediación sin revelar su condición de efectivo policial en actividad.
Durante los encuentros grabados por cámaras de seguridad el 8 de agosto de 2026, el agente fingió comunicarse por mensajería instantánea con los supuestos extorsionadores para rebajar la exigencia inicial de 15 000 soles a un monto de 3000 soles. La investigación de la Policía Nacional del Perú constató que el suboficial acudió en persona y vestida de civil al negocio de la víctima para cobrar un adelanto de 2000 soles en efectivo, dinero que aseguró que repartiría con los delincuentes reservándose una parte como comisión.
Pese al pago realizado, las amenazas telefónicas continuaron días después con nuevas exigencias económicas e insultos hacia el comerciante, exigiendo montos adicionales bajo la amenaza de quemar su vehículo de transporte o atentar contra la vida de su cónyuge. La desconfianza del agraviado aumentó al constatar que las sospechas y detalles de las denuncias presentadas ante la comisaría local eran filtradas de inmediato a los agresores, lo que motivó la intervención directa de agentes de la División de Investigación Criminal de Tumbes sobre su propio colega.
¿Qué evidencias vinculan al agente y a su madre con la red criminal?
Las investigaciones desarrolladas por la División de Investigación Criminal de Tumbes revelaron que la madre del efectivo, Yaditza de los Ángeles Bayona Albújar, figura como la titular de la línea telefónica empleada para enviar las amenazas y coordinar las entregas de dinero. Asimismo, la documentación fiscal confirmó que la mujer registra a su nombre la titularidad de 19 líneas telefónicas y 12 equipos celulares distintos contratados desde el año 2024.
El suboficial Zárate Bayona también fue vinculado previamente con la banda criminal 'Los Mexicanos' tras una intervención realizada el 20 de julio de 2026 en compañía de Jordan Daniel Rivas Torres, alias 'Capone'. En aquella oportunidad, los agentes policiales hallaron armas de fuego, cartuchos de dinamita, municiones, envoltorios con clorhidrato de cocaína y un chaleco antibalas perteneciente a la Policía Nacional del Perú, hecho por el cual se le abrió un proceso disciplinario en Inspectoría con suspensión temporal del servicio.
Durante el allanamiento a la vivienda de los investigados, situada en el barrio Las Malvinas en Tumbes, los efectivos hallaron un arma de fuego con cuatro municiones oculta en el ropero del dormitorio de la madre del agente. En la misma diligencia judicial se decomisaron dispositivos celulares, tarjetas SIM, tarjetas bancarias, dos motocicletas utilizadas para los desplazamientos de cobro y 800 soles en efectivo.
¿Cuáles son las medidas judiciales impuestas a los investigados?
El Poder Judicial dictó tres meses de prisión preventiva contra Yaditza de los Ángeles Bayona Albújar por la presunta comisión del delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas en agravio del Estado. Tras la resolución judicial, la mujer fue trasladada e internada en el Centro Penitenciario de Mujeres de Sullana mientras continúan las investigaciones del caso.
Por su parte, el suboficial de tercera Carlos Handerson Zárate Bayona permanece detenido y bajo investigación fiscal por el delito de extorsión agravada en perjuicio del empresario tumbesino. El jefe de la Región Policial Tumbes, general PNP José Luis Quiroz Dávila, confirmó que la detención se ejecutó tras recopilar los elementos de convicción requeridos por el juzgado y precisó que las diligencias no descartan la implicancia de otros efectivos policiales en la red extorsiva.
El comerciante agraviado solicitó públicamente garantías para su vida y resguardo policial permanente tras abandonar nuevamente su vivienda e instalaciones comerciales por temor a represalias. Las autoridades del Ministerio Público exigieron la máxima sanción penal contra el agente intervenido, mientras la víctima denunció la pérdida total de su tranquilidad patrimonial y personal producto del accionar delictivo.