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18.08.2025

¿Derogarán ley que amnistía a PNP y FF.AA.? Presentan proyecto

Foto y video: Canal N

El proyecto impulsado por Roberto Sánchez busca que violaciones a los derechos humanos no queden impunes.

El congresista Roberto Sánchez ha presentado un proyecto de ley para derogar la norma que otorga amnistía a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y comités de autodefensa implicados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto interno entre 1980 y 2000.

La iniciativa plantea una revisión crítica de las normas que podrían dejar impunes delitos graves cometidos en el pasado.

La ley vigente fue promulgada por el Gobierno el 13 de agosto de 2025 y ha generado rechazo tanto en el ámbito nacional como internacional. El proyecto de derogación surge como respuesta directa a este contexto, en defensa de los derechos de las víctimas.

¿Qué busca el proyecto presentado por el congresista Sánchez?

El Proyecto de Ley N.° 12137/2025-CR tiene como objetivo derogar completamente la Ley N.° 32419, sin modificarla parcialmente.

Para el legislador, esta norma representa una amenaza para la justicia, ya que permite que personas involucradas en asesinatos, torturas y desapariciones queden libres de sanción.

Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, esta ley podría beneficiar a cerca de 900 agentes de la PNP y FF.AA., varios de ellos con sentencias o denuncias por crímenes de lesa humanidad.

¿Por qué se considera perjudicial la actual ley de amnistía?

La norma vigente ha sido criticada por permitir que graves violaciones a los derechos humanos permanezcan sin castigo.

Entre los casos que podrían quedar impunes se encuentran las masacres de Accomarca, Cayara, Chuschi y Pucayacu, donde civiles fueron asesinados durante operativos militares.

Sánchez afirma que esta ley agravia a quienes sí actuaron dentro del marco legal, y que representa una regresión en la defensa del Estado de derecho.

¿Qué dice el derecho internacional sobre estas leyes?

El derecho internacional prohíbe las leyes de amnistía que impidan investigar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos vs. Perú, declaró que tales leyes no tienen validez jurídica y violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El proyecto de ley argumenta que el Perú no puede invocar normas internas para incumplir tratados internacionales ratificados.

¿Qué opinan organismos como la CIDH sobre la ley vigente?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado en contra de la Ley N.° 32419. A través de sus redes sociales, criticó que el marco legal aprobado por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo favorezca a personas señaladas por crímenes graves.

¿Cómo afecta esta ley a las víctimas y sus familias?

Para las familias de las víctimas, la vigencia de esta ley implica la posibilidad de que no haya justicia. Muchas de estas personas han esperado décadas para que se esclarezcan los crímenes cometidos, y una amnistía legal podría cerrar definitivamente esa puerta.

El proyecto de Sánchez busca revertir ese escenario, devolviendo la posibilidad de que se retomen procesos suspendidos y se reabran investigaciones archivadas.

¿Qué beneficios plantea el proyecto al sistema legal?

El legislador sostiene que la derogación de la ley de amnistía fortalecería la seguridad jurídica, reafirmaría el principio de legalidad y enviaría un mensaje de rechazo a la impunidad.

Además, permitiría al Estado peruano cumplir con sus compromisos internacionales y evitar posibles sanciones ante tribunales internacionales.

El proyecto también se alinea con políticas de Estado como la defensa de la democracia, los derechos humanos y el fortalecimiento de la institucionalidad de las fuerzas del orden.

El congresista Roberto Sánchez presentó ante el Congreso el Proyecto de Ley N.° 12137/2025-CR, que propone derogar la Ley N.° 32419. Esta norma otorga amnistía a miembros de la PNP, FF.AA. y comités de autodefensa por hechos ocurridos entre 1980 y 2000. La propuesta legislativa ha sido formalmente ingresada y se encuentra pendiente de evaluación en las comisiones correspondientes del Parlamento Nacional.

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