Delia Espinoza pide reabrir denuncia constitucional a Benavides
La fiscal de la Nación solicitó anular el proceso en la Subcomisión y volver a evaluar la denuncia constitucional.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un documento al Congreso para solicitar que se reabra la denuncia constitucional contra Patricia Benavides. El pedido incluye anular todo el procedimiento llevado a cabo por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que archivó el caso en julio.
La denuncia contiene imputaciones por presuntos delitos cometidos cuando Benavides ejercía como fiscal de la Nación, entre ellos cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal agravado.
¿Qué pide exactamente la fiscal de la Nación?
Delia Espinoza solicita que la Comisión Permanente del Congreso declare nulo el procedimiento parlamentario seguido en la tramitación de la Denuncia Constitucional n.° 602-2021-2026. Pide que, como consecuencia de esta nulidad, la denuncia sea admitida a trámite para su evaluación.
La fiscal argumenta que se vulneraron principios del debido proceso parlamentario y que se ejerció el poder de forma arbitraria, sin motivación suficiente para archivar el caso.
¿Qué decidió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en julio?
El 25 de julio, la Subcomisión decidió, por mayoría, rechazar el informe de calificación que proponía investigar a Patricia Benavides. Ese informe señalaba posibles infracciones vinculadas al nombramiento de un fiscal en el equipo especial “Cuellos Blancos” y a la exclusión de una investigación penal.
Ese mismo día, también se aprobó una solicitud de ampliación de agenda promovida por el congresista Héctor Ventura, entonces presidente de la Subcomisión.
¿Cuáles son los delitos que se imputan en la denuncia?
La denuncia constitucional incluye presuntos delitos de función, como cohecho pasivo específico, encubrimiento personal agravado, abuso de autoridad y tráfico de influencias. El documento también menciona supuestas comunicaciones con el exjuez César Hinostroza, vinculado al caso “Cuellos Blancos del Puerto”.
Estos hechos habrían ocurrido cuando Benavides ejercía el cargo de fiscal de la Nación.
¿Qué postura tienen los congresistas sobre este pedido?
El congresista Fernando Rospigliosi consideró que Espinoza se enfoca en temas que no son prioritarios para la ciudadanía, calificando su accionar como una “obsesión” hacia Benavides. Por el contrario, la congresista Ruth Luque señaló que en el Congreso existe una mayoría que evita investigaciones y que el pedido de la fiscal es pertinente.
Ambos expresaron sus opiniones públicamente, pero el Congreso aún no emite un pronunciamiento oficial sobre la solicitud.
¿Por qué la Fiscalía habla de “nulidad” del procedimiento?
El documento de la Fiscalía sostiene que la tramitación de la denuncia presentó vicios esenciales que afectan su validez. Entre ellos, la falta de motivación suficiente y la vulneración de principios constitucionales y reglamentarios.
La nulidad implicaría retrotraer el proceso a un estado anterior, para que la denuncia sea evaluada nuevamente cumpliendo con las normas parlamentarias.
¿Es la primera denuncia contra Patricia Benavides?
No. Con esta, son tres las denuncias constitucionales contra Benavides que han sido archivadas por la Subcomisión. Las anteriores estaban vinculadas a supuestos favores para designaciones en el Ministerio Público y a la exclusión de investigaciones penales.
En ninguno de esos casos se admitió la denuncia a trámite.
¿Qué es el antejuicio político y cómo aplica aquí?
El antejuicio político es una garantía constitucional que protege a altos funcionarios de ser procesados judicialmente por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, mientras ocupan el cargo.
En este caso, la Fiscalía sostiene que esta figura no debe usarse para impedir investigaciones legítimas y que el control de legalidad sobre los actos de los funcionarios debe mantenerse.
Delia Espinoza solicitó al Congreso reabrir la denuncia constitucional contra Patricia Benavides y anular el procedimiento seguido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El pedido argumenta vulneraciones al debido proceso y busca que la denuncia sea admitida a trámite para su evaluación conforme a ley.