Delia Espinoza denuncia a Juan José Santiváñez ante el Congreso
Fiscal de la Nación Delia Espinoza acusa al exministro Juan José Santiváñez por delito cometido durante su tiempo como titular del Interior
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez. La acusación es por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, cuando ocupó la cartera del Interior.
El documento fue dirigido al presidente del Congreso y busca que se inicie el proceso correspondiente por un delito que habría afectado directamente al Estado. La denuncia se sustenta en el artículo 99 de la Constitución y otras normas del Código Penal y del reglamento parlamentario.
¿Qué se le acusa a Juan José Santiváñez?
La fiscal sostiene que Santiváñez, en su rol como ministro del Interior, habría intervenido en decisiones que lo beneficiaban o que representaban un conflicto de intereses. Este tipo de delito está relacionado con el mal uso del cargo para intereses personales o de terceros.
Según el Código Penal, la negociación incompatible se produce cuando un funcionario se interesa de forma indebida en contratos, decisiones u operaciones en las que interviene por razón de su cargo. El delito está sancionado en el artículo 399.
¿Tiene relación con otras denuncias recientes?
Aunque la denuncia no lo menciona directamente, esta acción legal ocurre pocos días después de que un reportaje periodístico de Cuarto Poder revelara una presunta “maquinaria” destinada a limpiar la imagen pública del actual ministro de Justicia. Según ese reportaje, parte de la estructura habría tenido origen durante la gestión de Santiváñez en el Ministerio del Interior.
Hasta el momento no se ha confirmado si esa información forma parte del sustento fiscal, pero ha generado repercusión política y atención en el Congreso.
¿Qué pasará ahora con esta denuncia?
Con el documento ya presentado, la denuncia deberá pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Este grupo decidirá si admite el caso para su evaluación. Si avanza, se abrirá una investigación que podría llevar a una posible sanción o inhabilitación para el exministro.
El proceso incluirá la presentación de pruebas, descargos y un informe final que sería votado en el Pleno del Congreso.