Delia Espinoza: archivan indagación por abuso de autoridad
El Juzgado Supremo estableció que la atipicidad de los hechos extingue la investigación de la Procuraduría.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso el archivo definitivo de la investigación preparatoria que afrontaba la fiscal suprema Delia Espinoza por supuestos delitos de corrupción y falsedad. El Poder Judicial determinó que la conducta atribuida no encaja en los elementos constitutivos de las figuras penales postuladas por el Estado.
El juez de la causa, Juan Carlos Checkley Soria, aprobó la excepción de improcedencia de acción presentada por los abogados de la magistrada. El tribunal acreditó que Delia Espinoza no firmó ni redactó la resolución institucional que regulaba el trabajo preliminar de los fiscales frente a las comisarías.
¿Por qué se archivó la investigación contra Delia Espinoza?
La investigación se archivó porque el relato de los hechos demostró que el Reglamento de actuación fiscal fue aprobado y firmado de manera exclusiva por Juan Carlos Villena Campana. Él ocupaba el máximo cargo del Ministerio Público en el momento de la publicación del dispositivo legal el 14 de octubre de 2024.
América Noticias reportó que la resolución judicial determinó la falta de una atribución específica que haya sido usada de forma abusiva por la investigada. La defensa argumentó con éxito que una discrepancia sobre la interpretación de una norma legal no puede ser calificada como un acto de prevaricato o falsedad genérica.
¿Cuál era el origen de los cargos penales en esta investigación?
El origen de las imputaciones penales fue una denuncia constitucional del Congreso de la República derivada de la aprobación de la Ley 32130. Dicha ley encargaba de forma directa a la Policía Nacional del Perú la realización de las investigaciones preliminares de los delitos del país.
La tesis de la Procuraduría General del Estado afirmaba que el reglamento del Ministerio Público buscaba eludir las disposiciones del Parlamento para mantener el control de las diligencias delictivas. No obstante, los jueces supremos recordaron que los reglamentos poseen una presunción de validez legal mientras no sean anulados.