De defensor legal de Balcázar a contratado en el despacho presidencial

Una seria controversia administrativa y ética envuelve el entorno directo del presidente de la república, José María Balcázar, tras revelarse la contratación de su abogado personal dentro del aparato estatal. El letrado Odar Jimmy Cornejo Custodio obtuvo una orden de servicio directa por la suma de 30 000 soles para brindar asesoría especializada en la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial por un periodo de 90 días, la cual se inició un mes después de que el mandatario asumiera el cargo. Lo cuestionable del caso reside en que, de manera paralela a sus funciones remuneradas con fondos públicos, Cornejo continuó ejerciendo la defensa particular de Balcázar en sus litigios privados. Esto quedó evidenciado el martes 16 de junio cuando se presentó ante los tribunales en el inicio del juicio oral que afronta el dignatario por la presunta apropiación ilícita de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque. Especialistas en contrataciones del Estado advierten que este escenario configura un evidente conflicto de intereses, manifestando que 'este título es absolutamente subjetivo, gaseoso no tiene ningún sentido'.

La red de presuntos favorecimientos políticos se extendió rápidamente hacia otros miembros del entorno familiar del asesor legal. En plena vigencia de la orden de servicio en Palacio de Gobierno, el sobrino directo del letrado, Diego Cornejo Cachay, de tan solo 24 años de edad y con apenas un año de haber obtenido el título en derecho, fue designado oficialmente como Subprefecto de Chiclayo. El nombramiento, que lleva la rúbrica del propio jefe de Estado y se formalizó el 12 de mayo, generó cuestionamientos debido a la falta de experiencia del joven para un puesto encargado de gestionar conflictos sociales y garantizar el orden interno. Al ser increpado por ciudadanos en la entidad por presuntas deficiencias de atención, el funcionario reaccionó de forma autoritaria exclamando 'estas amenazando a una autoridad y a mí me bajas la voz y acá estás en mi entidad y te retiras'. Abogados expertos en el sector público criticaron este patrón de designaciones señalando que con estas acciones 'lo que se evita, si se da cuenta usted, es el concurso de las capacidades con otros profesionales'.

¿Cuál es el origen de la relación entre el jefe de Estado y el investigado letrado?

El vínculo de extrema confianza entre el primer mandatario y su actual defensor no representa una novedad de la gestión gubernamental, sino que se remonta a años atrás en el norte del país. Cuando Balcázar se desempeñaba como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, Cornejo Custodio ocupaba el cargo de gerente general de dicha institución, periodo en el cual ambos fueron cuestionados por el incumplimiento en el pago de sueldos de los trabajadores. Posteriormente, cuando el actual presidente fue elegido congresista de la república en el año 2021, nombró de inmediato a su abogado en la capital como Asesor II de su despacho parlamentario con un sueldo de hasta 8000 soles. Esta posición la mantuvo con renovaciones de contratos durante los años 2022, 2024 y 2025, cerrando el periodo como asesor principal con un incremento sustancial en sus honorarios.

Al ser requerida la versión de los involucrados para esclarecer si se utilizaron recursos públicos en el pago de estrategias legales privadas, el abogado Odar Cornejo evitó brindar declaraciones telefónicas limitándose a responder por WhatsApp que 'no tenía la autorización del Presidente de la República para declarar sobre los procesos judiciales en los que asesora'. Por su parte, el Despacho Presidencial optó por mantener silencio y no emitió respuesta oficial al cierre del informe periodístico. Corresponde ahora a las autoridades correspondientes transparentar los alcances reales del servicio para determinar si estas órdenes de servicios configuran un uso indebido de los recursos del Estado u otra modalidad de favorecimiento orientada a dar asistencia legal privada a la máxima investidura del país.