Debate por voto de requisitoriados reaviva caso Vladimir Cerrón
Según se informó, el exgobernador regional y líder de Perú Libre permanece en la clandestinidad desde octubre de 2023, mientras espera la decisión del Tribunal Constitucional sobre un hábeas corpus con el que busca anular la orden de captura en su contra
El caso de Vladimir Cerrón reavivó el debate sobre un presunto vacío en la legislación electoral que permitiría a personas con orden de captura ejercer su derecho al voto sin ser detenidas.
Según se informó, el exgobernador regional y líder de Perú Libre permanece en la clandestinidad desde octubre de 2023, mientras espera la decisión del Tribunal Constitucional sobre un hábeas corpus con el que busca anular la orden de captura en su contra.
En ese contexto, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que la actual Ley Orgánica de Elecciones establece que no se puede detener a ningún requisitoriado durante el proceso electoral, lo que —según indicó— abriría la posibilidad de que Cerrón u otras personas en la misma condición acudan a votar sin ser retenidas.
Ante ello, informó que su institución ha presentado un proyecto de ley para modificar esta situación y permitir que la Policía Nacional pueda actuar frente a personas con orden de captura, incluso en el marco de una jornada electoral.
Postura de José Tello
Sin embargo, el abogado y especialista en temas electorales, José Tello, expresó una postura distinta y sostuvo que la normativa no debe interpretarse como un impedimento para la detención de requisitoriados.
“El hecho de acudir a votar no debería convertirse en una especie de protección para evitar la acción de la justicia”, indicó.
Asimismo, consideró necesario realizar precisiones en la ley para evitar interpretaciones que limiten la actuación de la Policía Nacional frente a personas con órdenes judiciales vigentes.
El especialista advirtió que la legislación no puede ser utilizada como un mecanismo que permita a prófugos eludir su captura bajo el argumento de ejercer su derecho al voto.
Por su parte, el defensor del Pueblo reiteró que su propuesta busca fortalecer el trabajo policial y garantizar que se actúe conforme a ley en estos casos, por lo que espera que el Congreso evalúe la iniciativa.
El debate se produce en la antesala de las elecciones generales del 12 de abril, en medio de cuestionamientos sobre el equilibrio entre el derecho al sufragio y el cumplimiento de las órdenes judiciales.